La promulgación de la Ley 115 de 1994 marcó un hito histórico en la educación colombiana, porque con la creación de los grados de prejardín y jardín les abrió las puertas de las escuelas públicas a niños de tres y cuatro años. Esta medida, sumada al grado de transición existente, conformó un ciclo de preescolar completo de tres años. El avance fue significativo para la Nación, ya que contribuyó notablemente al cierre de brechas de inequidad y segregación social. Mientras que los niños que asisten a instituciones privadas tienen la oportunidad de cursar tres o cuatro grados de educación preescolar, los niños de escuelas públicas solo tienen acceso a uno, y esto representa una desventaja de dos o tres años al iniciar la carrera por la vida.
Sin embargo, después de treinta años, el Estado colombiano continúa fallando en el reconocimiento y garantía de derechos para dichos niños. Esto lo convierte en un padre irresponsable. A pesar de los esfuerzos legislativos recientes, como la Ley 2294 de 2023 que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 Colombia, potencia mundial de la vida, y de la reforma estatutaria que ya aprobó la Cámara de Representantes y que actualmente cursa en el Senado de la República, muchos infantes colombianos siguen sin acceso a la educación preescolar.
En días pasados, este diario publicó las estadísticas sobre cobertura educativa en el Eje Cafetero, mostrando a Manizales con las cifras más bajas de las tres ciudades capitales en cuanto a cobertura neta en transición durante los últimos cinco años, con apenas un 65% de cobertura promedio. Y eso que solo estamos hablando del grado transición; esto es, para niños cuya ficha de matrícula está abierta y no existe barrera alguna. ¿Qué pensar entonces de los niños de tres y cuatro años, es decir, de los grados prejardín y jardín, para quienes las barreras son aún más pronunciadas? La plataforma de matrícula está cerrada para estos grados, no se puede disponer de docentes y, como si todo esto fuera poco, la responsabilidad de preparar las instalaciones recae en los colegios, que apenas cuentan con recursos suficientes para cubrir gastos básicos de funcionamiento.
No exagero entonces si digo que el tratamiento que reciben los niños menores de cinco años en la educación formal colombiana es una absoluta vergüenza. ¿Qué puede esperar un país que trata de esta manera a quienes serán su capital humano, su fuerza productiva, sus gestores sociales, sus dirigentes, sus ciudadanos? ¿En manos de quién quedará la suerte de la Patria? El Gobierno debe abordar urgentemente esta situación.
Además, existen desigualdades entre los programas de atención infantil y la educación formal en las escuelas. Mientras tales programas ofrecen jornadas completas y alimentación, carecen de educación formal; por otro lado, en los colegios, los niños reciben educación formal, pero no tienen una atención integral como los programas de educación infantil. Es urgente alinear estas variables para que los niños no sacrifiquen su formación en pos del asistencialismo, ni su alimentación y acompañamiento por recibir educación formal. Por ahora, solo queda compartir esta profunda preocupación y hacernos voceros de los miles y miles de niños que en Colombia aún no son reconocidos como ciudadanos y se les niega uno de sus derechos fundamentales: ir a la escuela.