Me quedé corto cuando expuse en días pasados que no hallaba diferencia entre el delito de concierto para delinquir y hacer política en esta región. Son inmensamente más criminales estos partidos que actúan, que operan y delinquen en Caldas.
Recientemente un amigo risaraldense, excontralor de ese departamento, me aseguraba que la corrupción de aquí era muy superior a la de allá, según su percepción. Le contesté que los focos de la corrupción eran muy diferentes en uno y otro. En Risaralda, por ejemplo, hay una influencia enorme del narcotráfico, más que en Caldas. El influjo de ese dinero vuelve más caras las campañas y por lo tanto son más las compensaciones que deben pagar los ganadores para que los narcos puedan lavar su plata. Eso se hace mediante contratos y nadie está descubriendo algo nuevo.
En Caldas, le comenté, el desgreño del erario y el clientelismo es la forma de corrupción tradicional e indestronable. El dinero que entra a las arcas al salir es como el agua que llena el recipiente más ancho. Esa boca es la ambiciones de los gamonales y empresarios. Las gotas, que apenas sirven para remojar los labios, llegan a una tanda de idiotas útiles y oportunistas. El resto del pueblo permanece sediento, aún cuando es la gran masa de votantes que ha elegido a esos corruptos.
Pasados dos meses de aquella conversación sigo reflexionando y debo reconocer que los delitos de los políticos en Caldas son muy graves y ya no les veo comparación. En primer lugar en el departamento hubo unos paramilitares bastante operativos, con la ayuda del estamento militar, financiados con dineros públicos, del narcotráfico, extorsiones, hurto de combustibles, desplazamientos, masacres y demás. La situación es de un alto cuidado y mucho más porque decenas, cientos de vidas han sido quitadas de manera violenta, con esa complicidad de políticos.
En conclusión, estamos llenos de dirigentes manchados con la sangre de caldenses asesinados. Lo confirman las condenas emitidas y las noticias recientes sobre personajes en cargos de elección popular relacionados con crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente esos crímenes parecen legitimarse cuando un diputado, un alcalde o un gobernador, que en su conciencia está el haber transgredido la ley, obtienen votaciones que van desde poco más de cien hasta más de 100 mil sufragios.
Ahora, si fuera solo para decir que esto sucedió, que sucede y que aún no evitamos que siga sucediendo, perdería todo sentido lo ya escrito. El derecho a participar lo entiendo como una acción que va más allá del voto para dar poder al político; creo que también debe significar poderle quitar ese poder por medios legales o legítimos, o ambos, independiente de que sea el miembro de una junta administradora local o el mismo jefe de Estado.
Creo con firmeza que los nombres y fotos de las tarjetas electorales son en realidad carteles de criminales. Terminado de escribir esto me dispongo a asistir a la audiencia el exalcalde Juan Manuel Llano y otros 10 contratistas y servidores públicos, señalados por varios delitos. He de recordar que la semana pasada le ratificaron al alcalde Filadelfia su medida de aseguramiento por vínculos con paramilitares. Por otro lado, sigo a la expectativa de que avance el proceso contra el diputado Carlos Hernán Serna, investigado por el asesinato a un sindicalista.
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