“Perdí mi niñez, perdí 10 años de mi vida. Ingresé a los 13 años, pero ya salí de ese infierno”. La frase es de Jean Carlo, un joven que gracias al acuerdo de paz con las Farc logró salir de esa exguerrilla hace cerca de 5 años, y que ahora en Pereira emprende una nueva vida alejada de las armas y de la violación a sus derechos fundamentales. Él encarna esa tragedia (por fortuna con una salida positiva) que han padecido alrededor de 18 mil menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley durante las últimas tres décadas, en desarrollo del conflicto armado colombiano.
Jean Carlo dio su testimonio durante el foro virtual realizado por LA PATRIA el miércoles, en el que el director del estudio Infancia Reclutada, Alejandro Éder, habló acerca de ese informe que será presentado de manera oficial el próximo 8 de octubre, durante un acto especial en el que participará la Comisión de la Verdad. También participaron la experta en derechos de la infancia y la adolescencia María Cristina Hurtado y el investigador y docente de la Universidad de Caldas Ricardo Delgado.
Según Éder, el informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga tuvo como principales fuentes la documentación incautada a los jefes de las Farc, los cerca de 19 mil procesos que se han tramitado durante 30 años en la justicia ordinaria (el 99,9% sin condenas) y los testimonios de unas 800 personas (la mitad mujeres) en 19 departamentos, que fueron víctimas de reclutamiento forzado por diversos grupos armados ilegales. La Justicia Especial para la Paz (JEP) debe interesarse también en los crímenes de este tipo cometidos por los excomandantes de las Farc, quienes sin duda están en la obligación de contar todo lo que saben sobre esto.
También, como sociedad, tenemos el deber de comprometernos más con proteger a la niñez, sobre todo a aquellos niños que crecen en ambientes y circunstancias que los hacen vulnerables. Resulta fundamental, además, la toma de consciencia acerca de la difícil situación que han afrontado las niñas y las adolescentes que en gran porcentaje son reclutadas para involucrarlas en redes del narcotráfico y de trata de personas, y en muchos casos para obligarlas a ejercer la prostitución.
Como constituyen un instrumento táctico y estratégico de ventaja en medio del conflicto, su vulnerabilidad se incrementa cuando los violentos buscan una mayor efectividad bélica. Ellos son usados para fabricar y transportar explosivos, cometer ataques sigilosos a las fuerzas contrarias, ser la primera línea de combate, ejecutar labores de inteligencia, terrorismo y tráfico de drogas, entre otras, y mientras no les garanticemos una real protección continuarán siendo parte de un fenómeno con tendencia a incrementarse.
Lo fundamental de un estudio como este es que sirva para que esa práctica, que ha sido calificada como “sistemática e intencional” no se repita y que en el futuro nuestros menores de edad encuentren siempre oportunidades sanas y positivas para crecer y desarrollarse como buenos ciudadanos. Si, como sociedad, no logramos dar ese viraje, seguiremos en el círculo vicioso de la violencia y de la violación de los derechos fundamentales de los niños y los adolescentes.
