Dice la Fiscalía que investigará y sancionará a quienes estando inhabilitados se inscribieron como candidatos para las elecciones regionales de octubre. De acuerdo con la Procuraduría, de los 117.822 aspirantes a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles hay 693 que tienen condenas penales o fiscales y, por tanto, no tendrían derecho a aspirar. Si las leyes se cumplen, quien sea candidato con aval pese a estar inhabilitado, podría pagar hasta cinco años de cárcel.
No obstante, las sanciones no pueden quedarse en los aspirantes, sino que las organizaciones políticas que los avalaron deberían ser juzgadas con severidad, ya que en la Ventanilla Única es posible verificar tales cuestionamientos. Los partidos no pueden evadir sus responsabilidades, porque en muchos casos conocen las inhabilidades de esas personas, pero por diversas razones claramente irregulares, entregan los avales. En esto el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe hacer su trabajo. Ya se tiene claridad alrededor de los posibles 16 delitos electorales que pueden estarse cometiendo, cuyos castigos deben aplicarse sin atenuantes. Los partidos más comprometidos en esto son el Conservador (113 candidatos inhabilitados), Colombia Renaciente (66), AICO (64), la U (64) y Cambio Radical (59).
Tal parece que hasta que no se resuelva por medio de una reforma de fondo el complejo problema de la financiación de las campañas políticas no se hallará el camino de solución para esta situación que distorsiona la democracia. Es lamentable que muchos de esos candidatos que estarían inhabilitados osen participar en estos comicios teniendo procesos pendientes relacionados con grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico o procesos de extinción de dominio. Nuestra democracia no puede seguir hipotecada a este tipo de personajes.
En el caso de Caldas, en el listado de la Procuraduría aparecen 14 aspirantes a concejos que estarían inhabilitados. Los municipios con mayores problemas de este tipo son La Dorada (4) y Chinchiná (3), pero también aparecen aspirantes de Pensilvania, Salamina, Filadelfia, Palestina, Victoria, Aguadas y Viterbo. El partido con más cuestionamientos es el de la Reivindicación Étnica (PRE). Es una lástima que pese a tantas advertencias esto siga ocurriendo.
Lo más grave es que este no es un asunto nuevo. Un estudio de la Misión de Observación Electoral (MOE) muestra cómo hace cuatro años, en las elecciones regionales, ocho organizaciones políticas lograron que personas cuestionadas fueran elegidas sin que se tuvieran sanciones por eso. Es algo en lo que el CNE debería reaccionar y aplicar las normas, incluso la pérdida de personería jurídica. Esos partidos son: Liberal, Conservador, la U, Cambio Radical, Opción Ciudadana, Centro Democrático, ASI y Alianza Verde. Da la impresión que mientras el CNE tenga origen político nada pasará al respecto.
No obstante, el artículo 107 de la Constitución Nacional es claro en ese sentido: “los partidos y movimientos políticos deberán responder (…) por avalar candidatos elegidos en cargos o Corporaciones Públicas de elección popular, quienes hayan sido o fueren condenados durante el ejercicio del cargo al cual se avaló mediante sentencia ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad”.

De acuerdo con la MOE, de los 13.614 candidatos elegidos en los pasados comicios regionales, 913 recibieron 1.220 sanciones disciplinarias, penales o fiscales, lo que representa el 7% del total de electos. El análisis de esta organización señala que los partidos políticos anteponen el éxito en la carrera electoral sobre la idoneidad o ética de la persona que llega al poder regional, y que por esta irresponsabilidad es que, por ejemplo, desde 2015 hemos tenido 24 costosas elecciones atípicas que habrían podido evitarse. Llegó el momento de ponerle punto final a estas irregularidades.