La difícil tarea de devolverle la credibilidad al sistema de justicia en Colombia empieza porque se pueda dar fe de que están ajustadas a derecho las actuaciones en las que están involucrados los funcionarios judiciales que se encuentran en entredicho por las personas que han declarado en su contra y dado cuenta de sus procederes. El asunto es que se tendrán que revisar las demás en las que tomaron parte en las decisiones. De lo contrario no habrá punto final para ponerle cierre y todas sus sentencias cargarán con el manto de duda que sobre ellas se cierne.
Ya empezó la Corte a mover los procesos de los que se sospecha estaban estancados por razones inexplicables, pero no dará abasto. Deberá pensarse en alguna especie de veeduría de la verdad que revise los procesos en los que tomaron parte estos cuestionados personajes, para lo cual es necesario que esta la integren abogados reconocidos por su probidad y experiencia. Para ello se requiere que tengan una capacidad de discernimiento amplia como para entender que se puede no estar de acuerdo con el resultado de una actuación, pero que esta tiene los argumentos jurídicos suficientes para sostenerse. Es decir, entender que hay un nexo causal entre las pruebas, los argumentos para decidir y las sentencias.
No es una exageración lo que decimos. ¿Qué razones hay para pensar que si hubo de por medio pagos para favorecer o desfavorecer a una persona con su decisión no lo hicieron con otras? ¿Cómo iban a decidir de manera ajustada a derecho en unas, pero no en otras? ¿Eran juristas aplomados y rectos en los procesos en los que no mediaba dinero y solo cambiaban sus decisiones si les ofrecían alguna coima? Qué difícil saberlo.
Por ese motivo, debería desde ya establecerse un método que dé a los colombianos tranquilidad. Es importante recordar que la Ley de Acceso a la Información Pública ha establecido a todas las ramas del poder transparentar sus presupuestos y sus actuaciones, así como las de sus funcionarios. Sin embargo, en algunos organismos de la rama judicial este mandato es letra muerta. Si se estuviera acatando, tal vez el escrutinio público habría ayudado a contener la desfachatez a la que llegaron los personajes hoy en cuestión. Por eso resulta muy aleccionador lo dicho esta semana por el caldense José Fernando Reyes Cuartas, quien llega a la Corte Constitucional: un servidor público debe demostrar que vive de su salario, que en el caso de los magistrados es bastante bueno.

De nada servirá tener normas que establezcan nuevos rigores para que se pueda empezar a confiar en las altas cortes y en la justicia en general, si esto no se acompaña de acciones que demuestren que están dispuestos a transformarse. Esto comienza por la transparencia, por ser proactivos en la difusión de sus decisiones, de sus ingresos, de los resultados de sus casos. Que exista registro público de las personas que los visitan en sus despachos y que muestren sus bienes a los ciudadanos. Donde hay corruptos nada será suficiente, pero principio tienen las cosas y este podría ser mucho más que simbólico.