Hace dos meses, en la mañana del 22 de noviembre del año pasado, fueron hallados los cadáveres del reconocido estilista Mauricio Leal y de su madre, Marleny Hernández, en la casa en la que vivían ambos en el municipio de La Calera (Cundinamarca). Como los cuerpos acuchillados estaban acompañados por una nota en la que, supuestamente, Leal pedía perdón y mostraba desesperación, la primera hipótesis fue de suicidio.
Sin embargo, varios detalles de la escena que fueron analizados por los investigadores de la Fiscalía llevaron, poco a poco, a que se pensara en la posibilidad de un asesinato, y fue así como mes y medio después (14 de enero pasado) la Fiscalía detuvo a Yhonier Leal, hermano e hijo de las víctimas, como el presunto responsable de los crímenes. Aunque inicialmente rechazó cualquier vinculación con los hechos, al final, ante la contundencia del relato con el que la Fiscalía respaldó las imputaciones, Leal aceptó los cargos y pactó con la Fiscalía un acuerdo que le permite reducir de manera ostensible la posible condena.
Aunque este hecho fue presentado como un éxito de la Fiscalía, al haber logrado la confesión, en Colombia hay indignación por la pena que finalmente pagaría en acusado de tan horrendo crimen. Se calcula que la condena podría ser de unos 20 años de prisión, los cuales podría terminar siendo la mitad por buena conducta, trabajo y otras gabelas que puede lograr en el Código Penal Colombiano.
Muchos piensan, con razón, que si la imputación de la Fiscalía es sólida y se cuenta con todas las pruebas necesarias para lograr que un juez dicte un castigo proporcional a la gravedad de los hechos, el ente acusador debe mantenerse firme en las acusaciones y en un caso como este llegar a un juicio, en el que todos los elementos probatorios sirvan para condenar de manera ejemplar conductas criminales graves como la de este caso particular. 
Los acuerdos de confesión deben reservarse solo para aquellos casos en los que la Fiscalía tenga debilidades probatorias que podrían conducir a la declaratoria de inocencia del responsable de un delito, y en un caso tan chocante como este, en el que el país tiene puestos los ojos, resulta un pésimo paradigma que exista la posibilidad de un castigo exiguo.

Los videos que se han conocido acerca de la llegada del supuesto asesino a la casa de los Leal la noche en que murieron y su salida de ese lugar en la mañana siguiente, así como las demás pruebas esgrimidas por la Fiscalía en la primera audiencia del caso, mostraban elementos claves para poder llegar a una condena plena del implicado. Además, pese a lo ocurrido con los cuerpos de las víctimas, que fueron evidentemente torturadas, sorprende que en los cargos presentados no se haya incluido el delito de tortura. Para la justicia colombiana sería mejor que no se tuviera ningún arreglo y que al presunto asesino se le pudiera vencer en juicio para que fuera condenado de manera más justa.