Vendedores ambulantes sin control, espacios que se entregan sin razones técnicamente explicadas para la explotación del espacio público y de la misma manera se desmontan, hacerse los de la vista gorda con la ocupación de terrazas y antejardines para uso comercial, excepto con unas cuantas; presentar un proyecto de acuerdo, pero pedir que se hunda, construir terrazas para arrendar espacios a privados. Todo esto sucede en Manizales y demuestra la falta de política pública en torno a la ocupación del espacio público en la ciudad.
A la confusión ayuda la falta de claridad de las propias autoridades locales. Mientras la Secretaría de Ambiente dice una cosa, acomete acciones que van en una vía contraria; igual sucede con Planeación Municipal y se va demostrando que el último cambio que se hizo para dividir funciones en torno al control entre estas entidades, además de Gobierno, no parece dar resultados, pues son más las confusiones que las soluciones. Las casetas permitidas en El Cable y luego desmontadas así lo demuestran y ojalá no generen mayores problemas legales, porque la inversión que hicieron esos privados con la anuencia de la Alcaldía deberían recuperarla de alguna forma.
Por un lado se hundió el proyecto de Acuerdo 111 que intentó regular el tema el año pasado. Su falla estuvo en la presentación sin discusión previa con los afectados, que pretendía imponer unas cargas tributarias exageradas. Si bien el tema está regulado en otras ciudades, allí los pagos por compensación tienen tasas menos onerosas. Sin embargo, en lugar de ceder, la Administración prefirió presentar el proyecto tal como lo previó y pedirles a las mayorías del Concejo de Manizales que lo hundieran. Pero claramente le ha faltado liderazgo en este asunto, y confiamos en que no sea cierto lo que temen comerciantes, que las órdenes de demolición de terrazas que se vienen responden a un ánimo revanchista. Si se va a aplicar la ley deberá hacerse con todos y no con unos cuántos. No hay que esperar a anónimos, la Administración pudo prever esto y poner orden si accedía al diálogo, pero se resistió. Todo empezó con desconocer a los representantes legítimos de los comerciantes, como son los gremios, para ceder a unos cuántos que insistían en no pagar nada.
El Concejo de Manizales también ha brillado por su ausencia a la espera de que la Alcaldía brinde soluciones. ¿En dónde están los concejales que deben asumir este tema y presentar alternativas que permitan encontrar la mejor decisión para la ciudad? Este problema se dejó crecer en la ciudad desde hace rato. Se veía como una oportunidad para la economía que las personas usaran los espacios destinados a antejardines para la explotación, y cuando se le quiere poner orden, pues el asunto se ha complicado.

Hemos sostenido desde hace rato que se debe diferenciar entre sectores comerciales y residenciales, entre espacios que son ocupados durante el rato que permanece abierto el negocio y los que construyen estructuras inamovibles, incluidos cerramientos, y entre los que invaden directamente andenes y hasta calles. Pero para hacerlo se debe conocer la política pública. En la inauguración en diciembre de las obras en el Parque de Cristo Rey el alcalde dio un vehemente discurso advirtiendo de que no dejará que este espacio se llene de vendedores informales. Por qué no ha sido así con otros lugares. Porque no hay política pública y es lo que se está pidiendo, ojalá concertada con los sectores que tienen mucho que aportar.