Mi vida ha girado en torno a la educación, finalmente política y educación tienen una relación mancomunada. En ambas confluyen los problemas más profundos de nuestras sociedades y el consumo no es una excepción. Obviamente, me refiero al consumo de sustancias ilícitas. Una vez fui a un colegio de visita y faltando un cuarto para las siete de la mañana, vi a un niño enfermo. Le pregunté qué tenía, lo único que se oyó en el salón fueron las risas de sus compañeros, y en la acostumbrada sinceridad de los niños me explicaron que antes de llegar, aquel pequeño había consumido. Todo esto me impactó porque este niño sí fue al colegio, pero no estuvo; era un ser humano perdido, como ocurre en tantos lugares, y eso no le puede pasar a ningún infante. Evidentemente, hay un deber moral en realizar acciones que desde lo público contribuyan a atacar este problema. Imagino aún a esa criatura, jugando, buscándose en el reconocimiento de un abrazo, encontrándose en la magia de un aula; pero, obviamente el problema del consumo no es individual, afecta la ética social de nuestras comunidades, y en concreto, abstrae y aísla, puede generar dependencia, le roba a la familia la sonrisa.
Es cierto que la Constitución consagra el derecho de quien decide consumir; naturalmente el ejercicio de ese derecho es individual, no colectivo, es íntimo, atañe a cada quién como persona, sin afectar a ningún otro. El pasado 23 de enero tuve la oportunidad de ser ponente de un proyecto de acuerdo que fue votado por unanimidad en el Concejo de Manizales. Esta iniciativa defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes de usar el espacio público y tiene que ver con la limitación de su uso para el consumo de sustancias psicoactivas en parques y entornos escolares.
Defender este proyecto nos enseña que tenemos una ciudad que alberga a todos; que el trabajo del funcionario público va más allá del servicio comunitario, involucra los ideales de justicia y de bienestar común, y a mí me convence la idea de desarrollar ciudad… una ciudad para todos. Esto tiene una implicación a la que me ciño y respeto, como demócrata. Hablar de todos, nos involucra precisamente a todos, así que debemos reconocer que aquellos que consumen, por algún motivo, puedan hacer uso de algunos espacios, pero no en el momento de recreación de niños y familias. En ese orden de ideas logramos que en Manizales se restrinja el consumo a 120 metros perimetrales en estos entornos, y se haga en horario nocturno.
El debate público en torno a la pugna entre el libre desarrollo de la personalidad y los derechos fundamentales de la niñez, tiene trascendencia nacional. En el 2023, la honorable Corte Constitucional profirió la Sentencia C127, que señala que las autoridades deben guíar sus decisiones en procura del interés superior del niño, indicó la importancia de evitar que los niños, niñas y adolescentes “sean testigos del consumo de sustancias en los parques donde juegan o en las escuelas y colegios en que se educan”.
No puedo diferir del dogma jurídico en este punto. Posiblemente la hostilidad en la que se sumergen los espacios utilizados para el consumo, confronte un principio de oportunidad para que un niño consuma; quizás aquel pequeño del que hablé en un principio inició su consumo en alguno de estos espacios, o quizás no, pero es nuestro deber impedir que estos espacios sean un foco para iniciados. Estos entornos son para el disfrute público y en definitiva, no pueden tornarse invasivos del consumo.
Toda la vida fui docente y directiva universitaria, vi transformarse vidas completas por efecto de sustancias psicoactivas. Todos somos cercanos, de una u otra manera, al fenómeno del consumo, lo cual demuestra que es un problema real que tiene múltiples aristas, que es realmente complejo y que nos afecta a todos. Este proyecto de acuerdo provee herramientas para tratar el fenómeno allí dónde públicamente se presenta.