“La Economía Popular” es una categoría que el presidente Petro ha puesto en el centro de la agenda económica-social. Y que para muchos fue la manera como rebautizó la informalidad que en Colombia abarca al 58% de los trabajadores del país. Pero bien lo señala el Consejo Privado de Competitividad (CPC) en una interesante separata que editó sobre la informalidad en el país que llamó: Bajando la Cerca, reduciendo las barreras a la inclusión, donde señala: “no toda economía popular está en la informalidad, y no toda la informalidad es economía popular”.
Uno de los grandes retos nacionales es cómo pasar de la informalidad a la formalidad, pues bien, en el análisis del CPC se pone foco en la política pública que máximo llega a las pequeñas y medianas empresas, y desconocen buena parte de las expresiones de emprendimiento de Economía Popular. Igualmente, ocurre con las regulaciones y reglamentaciones técnicas, que están hechas para estándares muy lejanos a la buena parte de la Economía Popular. Y eso para no hablar de las medidas sanitarias y fitosanitarias que son más draconianas. ¿Y qué pasa con ellas? Que se convierten en verdaderas cercas y diría más bien murallas, que impiden que pueda ser fácil pasar de la Economía Popular a la una más desarrollada.
Curiosamente la informalidad golpea más fuerte a los hombres que a las mujeres, una de las pocas oportunidades cuando no hay sesgo contra el género femenino, como sí ocurre, como por ejemplo, con el desempleo, donde la tasa es bastante mayor que la de los hombres.
Se hace necesario no solo bajar la cerca, como lo plantea el CPC, sino hay que generar puentes o escenarios de transición que deberían facilitar el paso hacia estadios más desarrollados. El punto clave es dar condiciones de posibilidad para el tránsito, que implica que haya más regímenes de transición que no existen, o que son casi nulos.
La informalidad y la Economía Popular en la medida que se logre diseñar sistemas para su transición hacia la formalidad será la vía fundamental para generar empleo digno, y darle legitimidad social a nuestra economía de mercado. Y este propósito debe convertirse en un propósito nacional, así como el mismo como hay planes de inversión para la competitividad general, es menester focalizar una política pública con una articulación muy grande con el aparato productivo, para hacer también encadenamientos productivos que nos generen una ampliación de nuestra economía.
Que el país sea un país de oportunidades y no de frustraciones, es lo que están pidiendo muchos de los jóvenes que en distintos escenarios protestan por la desesperanza con que están sintiendo y experimentando sus posibilidades presentes y futuras en nuestra sociedad. Trazar puentes para dar condiciones de posibilidad a la esperanza.