La imagen del Estado colombiano como un actor estratégico en la actividad minera es hoy una postal lejana. Pese a que durante una parte importante del siglo XX ejerció casi todos los roles posibles en el sector, como emprendedor, administrador, cliente, financiador, regulador y legislador, desde hace dos décadas su papel se marchitó premeditadamente. 
Mediante la aprobación del Código de Minas de 2001, redactado bajo influencia directa de agencias del gobierno canadiense (parte interesada debido al impulso del sector en dicho país), se empezó a materializar la agenda neoliberal de privatización, financiarización y debilitamiento del sector público en este campo. 
Este nuevo marco legal e institucional buscó desaparecer al Estado como productor y empresario, privilegiar la exploración y explotación de grandes empresas, adecuar la institucionalidad minera bajo los criterios de la Nueva Gestión Pública, clausurar la labor de apoyo y promoción en las regiones mineras, y reducir las obligaciones fiscales de las grandes empresas.
Este cambio de paradigma ha generado el cierre y liquidación de todas las empresas mineras públicas (Ecominas, Mineralco, Ecocarbón, Econíquel, entre otras), el retiro del Estado de grandes asociaciones empresariales como Cerromatoso y El Cerrejón (dos de las minas más grandes del continente), el incremento de la corrupción en entidades públicas del sector (la “piñata de títulos mineros” como ejemplo de ello), una expansión de los conflictos sociales y socio-ambientales, el distanciamiento entre los mineros tradicionales y los gobiernos, y grandes pérdidas económicas, ya que según la Contraloría General de la República por cada $100 que una multinacional minera paga en Colombia, el gobierno les devuelve $200 en exenciones y reembolsos. 
En esencia, la inhibición del papel activo del Estado en la minería y su conversión en un simple facilitador de la inversión privada, ha provocado una alta conflictividad, la socialización de los riesgos y la privatización de los beneficios. 
Por estas razones, dentro de las prioridades del Gobierno Nacional, en lugar de enfatizar discursos facilistas que no resuelven las necesidades reales del sistema, debería estar la reforma al sector minero y la transformación del Estado en un actor que emprende, innova y redistribuye. Para ello debería pensarse como mínimo en una reforma legislativa y en la adaptación de la institucionalidad minera.
La reforma al Código de Minas debería tener como objetivos la devolución de la capacidad al Estado para operar minas y lograr asociaciones empresariales a través de empresas públicas, la definición de estándares y exigencias según las capacidades de los participantes del sector, el restablecimiento de las oficinas de desarrollo y apoyo en zonas de mediana y alta actividad minera, el incremento de los porcentajes de cobro de las regalías y la promoción de prácticas sostenibles en el sector.
La voluntad del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería y la Sociedad de Activos Especiales para crear una nueva empresa minera estatal es una buena señal para empezar a recuperar lo perdido en las últimas décadas. Sin embargo, no se trata de que el Estado sea grande per se sino de que su participación genere mayor valor y riqueza, y sirva para ordenar y darle dirección al sector. En este sentido, dicha compañía debería enfocarse en la producción de minerales estratégicos -tanto en términos sociales como ambientales-, la difusión de estrategias e instrumentos de sostenibilidad en el sector y el fortalecimiento de las relaciones entre los actores del ecosistema minero.
Asimismo, entidades como la Agencia Nacional de Minería deberían adecuarse para fortalecer la promoción y el apoyo a la actividad minera, y promover prácticas, servicios y tecnologías innovadoras en el campo, aprovechando su propio conocimiento y el de entidades como el Servicio Geológico Colombiano, las universidades y las entidades del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Tres experiencias podrían servir de ejemplo e inspiración para estas reformas. 
Ecopetrol, propiedad del Estado en un 85,5%, con una amplia presencia territorial y una gran capacidad innovadora, ha generado por décadas recursos públicos y empleos, y hoy lidera parte de la agenda de transición energética del país. Asimismo, en Chile, Codelco, la empresa estatal del cobre, y Corfo, la corporación de desarrollo empresarial, gracias a su rol en el sector y a su visión, definen la direccionalidad del campo minero en este país y han destacado en el desarrollo de agendas de innovación y colaboración. 
Una reforma minera ambiciosa y ordenada puede hacer que en Colombia nuevamente el Estado asuma riesgos, cree valor público, innove, fije objetivos a largo plazo, convoque a un amplio abanico de actores y asuma un rol estratégico en los grandes retos sociales, ambientales y económicos de nuestra época.