Nuestro país tiene un régimen presidencialista, tanto que prácticamente convertimos a nuestro gobernante en un emperador, si bien lo normal es que este reinado dure cuatro años, en los últimos tiempos hemos tenido casos excepcionales en los que ha durado ocho años, y falta ver qué pasa con Petro.
El presidente tiene injerencia en el nombramiento del fiscal general, en la postulación para el procurador general, participa en la asignación de los magistrados de la Corte Constitucional y designa dos de los siete miembros de la junta directiva del Banco de la República. Es el comandante en jefe de las fuerzas militares, incluida la Policía. Respecto al Congreso, cualquier iniciativa que tenga que ver con el gasto público, tiene que contar con la aprobación del ministro de Hacienda y logra las mayorías con los nombramientos de funcionarios públicos y adjudicando contratos. 
Petro con sus treinta años como congresista, después de haber sido alcalde de Bogotá y de ser un eterno opositor de los gobiernos de turno, tuvo la oportunidad de conocer ampliamente cómo funciona el gobierno y cómo son las reglas de juego para manejar el congreso.
Llega tarde a sus citas o las incumple -sin importar con quienes sean-. Sus discursos son improvisados, largos y enredados. No lleva nada escrito. Poco le importa atacar y criticar a los auditorios y dejar  a los asistentes empanicados. Petro tiene muy claro que el que manda es él  y que por el momento nadie quiere, ni está dispuesto a  enfrentársele. Al gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, en pleno congreso del gremio le pidió la renuncia, sin importar que estaba haciendo una excelente gestión. Lo mismo hizo con la directora de Camacol, representante de los constructores, a quienes amenazó con no colaborarles si no cumplían con su solicitud. A todos los designados por el gobierno en las juntas directivas de las Cámaras de Comercio del país, los destituyó en un solo acto administrativo, haciendo un claro alarde de su poder.
Hay voces que están diciendo que así empezó Venezuela y como se están dando las cosas no están muy equivocados. Una cosa es que, como ha sido tradicional, el presidente nombre en las instituciones que corresponden al gobierno nacional a personas amigas y cercanas al gobierno, pero otra cosa es que también controle las organizaciones civiles. 
Es muy preocupante y delicado  que la sociedad civil representada por los gremios se deje intimidar por el gobierno de turno. Nunca antes eso había pasado. Se habían presentado casos en los que los gobernantes protestaban y manifestaban su incomodidad con determinado gremio o con su representante, pero no se atrevían a pedir la renuncia abiertamente.
Es claro que a través del Fondo Nacional de Café el gobierno tiene un alto poder sobre el gremio cafetero, pero aún con esto los dirigentes de esta institución están dando un pésimo mensaje al país y a sus representados, quienes al final están aceptando que el presidente de la República sea el jefe del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros. A los dirigentes del gremio cafetero no se les puede olvidar que representan a más de 500.000 familias y no pueden delegar esta responsabilidad al gobierno de turno.
Afortunadamente, los industriales agremiados en la Andi supieron dar un ejemplo al país y tuvieron la fortaleza de no dejarse intimidar por el gobierno y en pleno proceso de discusión sobre la reforma tributaria, cuando estaba caliente el ambiente, respaldaron a su representante y lo ratificaron en el cargo hasta noviembre de 2025. Sin lugar a dudas eso es  independencia y coherencia. 
Petro está más interesado en sacar de la cárcel  a sus gestores de paz, con lo que espera que cuando tenga problemas con sus opositores o no salgan adelante sus  iniciativas y  propuestas, los va a poner a marchar junto con los más de 100.000 gestores a los que les va a pagar un millón de pesos mensuales.  Ahí va mostrando en qué se va a gastar los recursos de la reforma tributaria.
En medio de este panorama, poco interés le está poniendo a su ejercicio como gobernante a temas tan complicados como las graves afectaciones del invierno,  la alta inflación -la que va a jalonar el alto incremento del mínimo- y el deterioro del clima de violencia en el país.