La escena ocurrió en un tribunal. En la parte superior se sentaron los magistrados y abajo, en el banquillo de los acusados, el expresidente y su cúpula militar. El fiscal, el mismo que cuando conoció al expresidente comentó: “se ve más pequeño en persona”, se ubicó entre ambos grupos para leer su acusación, de la que transcribo algunos apartes:
“La violencia, señores jueces, no era obra exclusiva de la izquierda revolucionaria. Paralela y coetáneamente aparece en la escena nacional una organización particularmente siniestra, que nada tuvo que envidiar a la guerrilla. Un grupo terrorista especializado en la supresión de ciertos ciudadanos que cometían el delito de pensar. Curiosamente, desde las esferas oficiales sus integrantes no eran considerados subversivos, sino una reacción necesaria de defensa social.
“¿Cuál fue la respuesta que se dio desde el Estado a la guerrilla subversiva? Para calificarla me bastan tres palabras: feroz, clandestina y cobarde. Porque si bien resulta inexcusable admitir la necesidad y la legitimidad de la represión de aquellas organizaciones que hacen de la violencia su herramienta de lucha política, a fin de defender los valores de la democracia, del mismo modo ha de admitirse que cuando esa represión se traduce en la adopción de los mismos métodos criminales de aquellas organizaciones, renunciando a la eticidad, nos encontramos en presencia de otro terrorismo; el del Estado, que reproduce en sí mismo los males que dice combatir.
“Los guerrilleros secuestraban, torturaban y mataban. ¿Y qué hizo el Estado para combatirlos? Secuestrar, torturar y matar en una escala infinitamente mayor y, lo que es más grave, al margen del orden jurídico instalado por él mismo, cuyo marco pretendía mostrarnos como excedido por los sediciosos.
“¿Cuántas de las víctimas de la represión eran culpables de actividades ilegales? ¿Cuántas inocentes? Jamás lo sabremos y no es culpa de las víctimas. Al suprimirse el juicio se produjo una verdadera subversión jurídica; se sustituyó la denuncia por la delación, el interrogatorio por la tortura y la sentencia razonada por el gesto neroniano del pulgar hacia abajo.
“Salvo que la conciencia moral haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan “hechos políticos” o “contingencias del combate”. El sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral.
“No son las Fuerzas Armadas las que están en el banquillo de los acusados, sino personas concretas y determinadas a las que se les endilgan delitos concretos y determinados. No es el honor militar lo que aquí está en juego, sino, precisamente, la comisión de actos reñidos con el honor militar”.
Es posible ver en Youtube el video original del alegato del fiscal Julio César Strassera en el juicio contra Jorge Rafael Videla y la cúpula militar de la dictadura argentina, y el texto completo de su intervención está en Internet. Llegué a ellos luego de ver “Argentina, 1985”, una película reciente, dirigida por Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín y disponible en Prime Video.
Al verla es imposible no pensar en Colombia: los desaparecidos en la dictadura argentina se calculan en 30.000. El Informe de la Comisión de la Verdad habla de más de 100.000 desaparecidos en el marco del conflicto colombiano, entre los que están víctimas de falsos positivos, así como jóvenes de la Comuna 13 de Medellín, que desaparecieron durante la Operación Orión, de la que se conmemoran 20 años en estos días. La operación en la que Jesús Abad Colorado y Natalia Botero fotografiaron uniformados encapuchados que a pleno día les señalaban casas a los militares, con el mismo efecto del dedo neroniano hacia abajo: de varios muchachos que sacaron de allí no se volvió a saber.
Colombia ha tenido valientes jueces y fiscales, que contrastan con procesos en curso: en las audiencias del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos y fraude procesal, el rol del fiscal parece de abogado defensor, mientras que el juicio contra su hermano Santiago Uribe Vélez, por la conformación del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles lleva 20 meses paralizado. Recomiendo “Argentina, 1985” para apreciar la importancia de la independencia judicial en procesos contra poderosos expresidentes y exmilitares, aunque sea en otros países o en las películas.