El exalcalde de Aguadas (derecha) está detenido desde el 18 de agosto del 2022. Es decir, desde hace 21 meses.

Fotos | LA PATRIA

El exalcalde de Aguadas (derecha) está detenido desde el 18 de agosto del 2022. Es decir, desde hace 21 meses.

Autor

LA PATRIA | MANIZALES

Un giro dio ayer el preacuerdo que se tenía planteado desde el año pasado para Diego Fernando Gónzalez, exalcalde de Aguadas, y Olga Lucía Botero Gómez, exgerente de la Empresa Regional de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Norte de Caldas, por Las Marionetas.

Ante un juzgado de Manizales se socializaría la negociación, pero el ente acusador anunció que se harían algunas modificaciones.

Los abogados de los procesados pidieron aplazar, pues indicaron que necesitaban darles a conocer los cambios a sus clientes, pero el juzgado no accedió porque ya se han dado varios alargamientos.

La fiscal narró lo relacionado con Olga Lucía, pues Diego Fernando, en las nuevas condiciones, no está interesado en negociar.

 

Lo de Olga

A la exgerente la señalan de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de servidor público, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia.

Según la Fiscalía, entre agosto del 2021 y agosto del 2022, junto al alcalde, Diego Fernando, en su calidad de servidores públicos, más cuatro ingenieros, se concertaron para cometer delitos contra la administración pública, interesándose indebidamente en 15 proyectos de obras financiados con recursos del Departamento de Prosperidad Social, el Sistema General de Participaciones, el Sistema General de Regalías, la Alcaldía de Aguadas y la Empresa Regional de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Norte de Caldas.

A Botero Gómez se le adicionó que obtuvo un incremento patrimonial no justificado de $11 millones 200 mil, atribuido a un dinero que le dio el contratista Mauricio Alberto Quiceno Cardona como dádiva por asesorarlo desde el trámite de las postulaciones a las que debía presentarse, por la entrega de información reservada y direccionamiento de los contratos referenciados.

La pena inicial pactada era de 75 meses de prisión, multa de 1.794 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad de 51 meses. Con el cambio quedó en 78 meses de cárcel y de inhabilidad, más la misma multa. En este momento tiene domiciliaria en el barrio La Toscana de Manizales.

Los compromisos: ser testigo de la Fiscalíaofrecer excusas públicas a través de un medio de difusión regional, allegando constancia que así lo certifique, y realizar un ciclo de charlas a los estudiantes de la carrera de Administración Pública de la ESAP en el municipio sobre los valores y principios que rigen la contratación estatal, en el que se abordarán temas como principios, valores y ética de contratistas y servidores públicos en la contratación pública colombiana.

El juzgado definirá si avala o no el pacto y se pronuniciará el 5 de junio a la 1:30 de la tarde. Ese mismo día la exfuncionaria dirá si acepta las nuevas condiciones.

Olga Lucía devolvió el 19 de octubre del año pasado el dinero del incremento patrimonial.

 

Lo que se tenía con el exalcalde

Para el exalcalde Diego Fernando González se tenían los mismos hechos que Olga Lucía, menos el enriquecimiento. "González tenía el pleno conocimiento de los procesos licitatorios proyectados para el municipio, por lo que se contacta con cuatro contratistas a través de Olga Lucía, mucho antes de publicar las convocatorias, a fin de acordar el direccionamiento de dichos contratos y el porcentaje que debían pagar para ganarlos", narró anteriormente la Fiscalía.

La pena que se había pactado era de 69 meses, multa de 71,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 85 meses. Se aclaró que no hubo incremento patrimonial.

Los compromisos eran ser testigo de la Fiscalíaofrecer excusas públicas a los aguadeños, a través de un medio de difusión regional, allegando constancia que así lo certificara, y aportar trajes de baile para cada uno de los integrantes del grupo Élite de Danza de la Casa de la Cultura del municipio, integrada por 20 personas.

Sin embargo, el ente acusador anunció ayer que se haría una modificación en el preacuerdo en cuanto al concierto para delinquir (no se especificó por qué y a cuánto subiría la pena), pero la abogada indicó que su cliente no aceptaría en esas condiciones.

Así las cosas, el exalcalde se va para audiencia de acusación el 11 de junio y en caso de ser vencido en juicio podría afrontar una pena superior a los 10 años de cárcel.

 

Condenas y preacuerdos

  • Wílmar Herrera Gallego, alcalde de Norcasia entre el 2016 y el 2019 y primer capturado en el caso de Las Marionetas. Pena de 53 meses. Llevaba 25 privado de la libertad, pero ya le dieron la suspensión condicional por un periodo de 21 meses y seis días (libertad).
  • Preacuerdos pendientes de ser avalados: Nova Lorena Cañón Reyes, Juan Sebastián Vargas, Daniela Ospina, Alexánder Sánchez, alias Pato.

Al exalcalde de Samaná Alfredo Odacid Valencia Dovale, le negaron la preclusión.

 Los contratos

  • Los de placa huella eran de selección abreviada y mínima cuantía. Simulaban la presentación de varias propuestas, para que solo cumpliera una de ellos.
  • 17 de noviembre de 2021, de $231 millones, de placas huellas en Peñoles y San Pablo.
  • 17 de noviembre de 2021. $154 millones, placas huellas en San Nicolás y La Zulia.
  • 24 noviembre de 2021. $137 millones, placas huellas para otras veredas.
  • 24 de noviembre de 2021. $169 millones para placas huellas en vereda Guaco.
  • 24 de noviembre de 2021. $101 millones, para placas huellas en Río Arriba.
  • Proyectos adelantados en convenio interadministrativo entre DPS, Proyecta Quindío y Fondo de Inversión para la Paz.
  • Reposición capa pavimento de Pueblito Viejo, por $1.160 millones. 27 de diciembre de 2021.
  • Contrato consultoría para esa reposición. $102 millones. 26 de enero de 2022.
  • Las demás: postes ornamentales, obras Renán Barco, Parque Fundadores, mitigación del riesgo Los Cedros, interventoría Parque Fundadores, pavimento hidraúlico, convenio interadministrativo alumbrado navideño, interventoría pavimento hidráulico y estufas ecoeficientes.

 

Interés indebido, esto había dicho la fiscal

  • Diego Fernando y Olga, junto a Camilo Andrés López Giraldo, como particular allegado a la empresa Icodin SAS (representada por Fausto Alonso Bedoya Grajales), se interesaron de forma indebida en la obra por $355 millones 331 mil para el mantenimiento y adecuación del polideportivo en el barrio Víctor Renán Barco. Se le entregó información a Camilo Andrés de ese contrato, antes de ser publicado, se hicieron reuniones y llamadas previas para llegar a acuerdos de adjudicación y el exalcalde le aseguró a Camilo Andrés que Olga Lucía ya sabía que ese contrato era para él. La mujer lo asesoró sobre la forma de obtener puntos adicionales dentro del proceso licitatorio al incluir personas en condiciones de discapacidad dentro de su propuesta, por ejemplo.
  • También se le atribuye al exalcalde un interés indebido en la obra del Parque Fundadores, con dos ingenieros del Consorcio Norte 22 y las empresas Proyectos Civiles y Teconológicos SAS Procytec, por $1.069 millones 588 mil; contrato en el que coordinaron con Mauricio Alberto Quicena Cardona la publicación de una adenda mediante la cual se modifica el cronograma para cambiar la fecha de verificación de requisitos habilitantes para beneficiar a esta empresa. Le entregaron información previa del pliego de condiciones a Álvaro Hernán Suárez Brochero para que adecuara su propuesta, asesoraron a ambos para subsanar la capacidad financiera y residual antes de publicar el informe de evaluación.
  • En la obra de mitigación del riesgo Los Cedros (calle 3, entre carreras 2 y 4), por $232 millones, se benefició de la misma manera a los dos ingenieros anteriores, con la empresa Faro Ingeniería SAS, representada por Fabio Andrés Rodríguez Arbeláez. Los asesoraron para la sustentación de la prórroga del contrato.
  • Igual ocurrió con la interventoría del Parque Fundadores por $68 millones. La obra se les adjudicó a los mismos ingenieros, pero la interventoría a Andrés Marín Marmolejo, acuerdo establecido desde antes con el exalcalde y Olga Lucía.
  • De la misma manera se concertaron para los cinco contratos de placa huella para Ingeniería Futuro SAS, Génesis Estructura SAS, entre otros. Coordinaron con Olga para presentar tres propuestas por cada contrato, para que una gane.

 


Haga clic aquí y encuentre más información de LA PATRIA.

Síganos en Facebook, Instagram, YouTube, X, Spotify, TikTok y nuestro canal de WhatsApp, para que reciba noticias de última hora y más contenidos.