Juan Sebastián Vargas.

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Juan Sebastián Vargas.

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LA PATRIA | MANIZALES

El ingeniero Juan Sebastián Vargas Marín es la tercera persona de las vinculadas al entramado de corrupción de Las Marionetas, que defraudó al erario a través de la desviación de recursos de contratos nacionales, a la que le avalan el preacuerdo establecido con la Fiscalía.

Ayer, un juzgado especializado de Bogotá le dio el sí al pacto, que establece una condena de 4 años y 3 meses e inhabilidad por el mismo periodo. Las víctimas son el Departamento de la Prosperidad Social y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Al manzanareño lo sentenciaron por concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de particular, no de servidor público.

El ente acusador expresó que los diálogos empezaron el 13 de febrero y quedaron puntos pendientes que se resolvieron el pasado 14 de junio. Vargas Marín, quien tuvo contrato con la Gobernación de Caldas y alcaldías del departamento, habría "metido la mano" en seis eventos para el direccionamiento irregular, con el fin de beneficiar económica y políticamente al exsenador Mario Castaño (cabecilla) y a mandatarios municipales.

Las coimas

La Fiscalía nombró el contrato del 17 de diciembre del 2021, por $1.942 millones, para placas huella en el municipio de Risaralda, en donde le dio el 10% de coima a Juan Carlos Martínez, conocido como 'el Hombre del Maletín' (mano derecha de Castaño y prófugo de la justicia) para que se lo asignaran.

También se habló de otros para los estudios y diseños de Sacúdete al Parque en Neira, Chinchiná y en Risaralda; además de la cancha sintética de Palestina, y adicional un proyecto en Salamina.

"Se comunicaba con Castaño Pérez y Martínez para cuadrar la estructuración de las iniciativas y luego la forma de ganarlas de manera direccionada. Ponían diversidad de oferentes. Afectó la moralidad y la transparencia", añadió la fiscal.

Pacto

  • El único beneficio ofrecido fue la rebaja por aceptar la responsabilidad. La Fiscalía indicó que cuenta con otros radicados, gracias a la información que brindó Juan Sebastián, en los que hay más alcaldes caldenses involucrados y a quienes vincularían.
  • "Será testigo contra Juan Carlos Martínez; Alexánder Sánchez (Pato); Juan Carlos Cortés Bermúdez, actual alcalde de Risaralda (libre); y Alfredo Odacid Valencia Dovale, exmandatario de Samaná", anotó.
  • Debe pedir perdón público, seguirá colaborando con la Fiscalía, dar charlas de 30 horas sobre cómo evitar infracciones en la contratación estatal (10 horas a estudiantes de ingeniería civil de universidades de Manizales, 10 a personas del DPS y 10 a funcionarios del Mininterior), entregar $5 millones en libros a una escuela de Risaralda (Caldas) y $5 millones 200 mil para el programa Prevención del Delito Futuro Colombia, de la Fiscalía.
  • No se le exige reintegro de dinero, pues no se demostró el aumento de patrimonio. Se le archivó un proceso de extinción de dominio el 30 de noviembre del 2022.
  • En los seis eventos aceptados de interés indebido, cinco fueron solo de solicitud de recursos, pues quedaron en fase precontractual. El sexto se suscribió con el DPS y le entregó el 10% a Juan Carlos Martínez, pero de su bolsillo. Ese contrato no tenía anticipo, se giraba mientras avanzaba la obra.
  • Le negaron subrogados y la condición de padre cabeza de familia. Le revocaron la domiciliaria y deben trasladarlo a la cárcel de Pensilvania.

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