LA PATRIA | MANIZALES

Un juzgado de Manizales le negó ayer a la Fiscalía la preclusión en favor del exalcalde de Samaná Alfredo Odacid Valencia Dovale, investigado y detenido por el caso de Las Marionetas.

Al exmandatario lo investigan, entre otros, por concierto para delinquir y cohecho por dar u ofrecer. Sin embargo, el ente acusador pidió el mes pasado preclusión por esos delitos. "No se encontró una reunión, una conversación, un diálogo entre el ahora exalcalde de Samaná Alfredo Odacid Valencia y el grupo delictivo del exsenador Mario Castaño Pérez", relató el fiscal Elkin Ardila Espinosa, al pedirla.

Añadió: "Hay que ser claros y honestos. No se debe llevar un juicio cuando no se pueden demostrar esos hechos, perdiendo tiempo e investigación. Lo endilgado no se dio, se debe respetar la presunción de inocencia. Fue elegido por unos partidos diferentes y no hay enlace directo entre el liberalismo y los que lo llevaron al poder. Como no hay una conexión directa entre el exalcalde y el exsenador, se pidió precluir por el concierto para delinquir agravado, por inexistencia del hecho investigado, lo que se determinó luego de finalizar todo el proceso".

El otro delito es cohecho por dar y ofrecer. Se dijo que Valencia Dovale le ofreció $1 millón, el 5 de febrero del 2022, al concejal Héctor Manuel Cardona Aristizábal para votar por una candidata a la secretaría de esa dependencia, afín al exalcalde.

Sin embargo, el fiscal expresó que ese dinero correspondió a la entrega de una ayuda humanitaria al concejal por la muerte de la suegra y por la afectación en la ola invernal. "Se constató con declaraciones del favorecido, bajo la gravedad de juramento el 5 de enero de este año. Se desdibujó la hipótesis del ente acusador. Las interceptaciones telefónicas quedaron fuera de contexto. Otra persona fue la que postuló la hoja de vida de esa mujer para la secretaría del Concejo".

Decisión

Ayer, el juzgado a cargo del caso dijo que la solicitud de preclusión obliga a quien acude a ella a probar la causal aludida para verificar la solidez de su petición.

"No pasan desapercibidos los contactos con personas cercanas al senador Castaño. Si bien el exalcalde niega relación con este último, no se aprecia que esa contratación sea del todo ajena al señalado congresista. Es evidente que la construcción de canchas sintéticas sí muestra la participación del senador. Se pasó por alto la participación del ahora exalcalde como ordenador del gasto. La lógica señala que el Grupo Delincuencial Organizado debía contar con él", explicó el juez.

Añadió que Valencia Dovale no se mostró contrario a contactos con Wílmar Herrera (exalcalde de Norcasia, también detenido) y a comunicaciones con el 'Hombre del Maletín', Juan Carlos Martínez, enlace directo con el congresista. "Esos estudios previos de las canchas eran para un interés político y económico de Castaño. Tal parece que el investigado y sus funcionarios no evitaron el contacto con el grupo delincuencial del congresista. No se avala la preclusión por concierto para delinquir".

Tampoco precluyó por el cohecho. "No se discute la entrega de la ayuda, sino la forma en que se dio. No se tiene certeza por el apoyo por la ola invernal. Las confusas circunstancias sobre el auxilio funerario no favorecen al imputado para decir que no haya ocurrido el delito". Ninguna de las partes apeló de la decisión, por lo que el proceso por esos delitos seguirá adelante.

Contrainterrogatorio

El exalcalde, en contrainterrogatorio con la Fiscalía, expresó:

• "Como alcalde intenté ir en el primer año a todos los ministerios a gestionar obras y en ninguno me dieron cita. Lo primero que preguntaban era: ¿con quién viene usted? Si no es apadrinado por un congresista, imposible que lo atiendan. Por eso accedí a que me ayudaran".
• "Mi único contacto con Mario Castaño fue cuando me pidieron tomarnos una foto o un video como agradecimiento, para que las comunidades vieran que sí les cumplió con las obras".

El preacuerdo planteado

El médico cirujano Alfredo Valencia, de 34 años, exalcalde de Samaná, tiene un preacuerdo firmado con la Fiscalía desde el año pasado para obtener una condena por interés indebido en la celebración de contratos. Falta que un juez lo verifique y avale, aunque las cosas podrían cambiar ante la doble negativa de preclusión.

LA PATRIA conoció que la pena sería de 36 meses, luego que de que el ente acusador lo escuchó en interrogatorio el 29 de noviembre pasado y adelantó otras investigaciones. Son tres eventos.

1. Consultoría para la construcción de la cancha sintética del corregimiento de Florencia, por $24 millones 505 mil, proyecto elaborado por el mismo contratista que resultó elegido: Juan Sebastián Vargas Marín, de Las Marionetas. Este análisis permitió que Mindeportes le adjudicará $2 mil 112 millones a Samaná para ese proyecto.
2.  El segundo interés indebido es el demostrado por Valencia Dovale al ordenar que se emitiera el certificado de disponibilidad presupuestal 319 del 2021 para la anterior consultoría, exigido por Juan Carlos Martínez, el 'Hombre del Maletín'. El 22 de abril del 2021 se publicaron los estudios previos del proyecto, elaborados no por funcionarios de la Alcaldía, sino por Vargas Marín y Jhon Alexánder Sánchez, alias Pato, de Las Marionetas. Se seleccionó a ECO Inco SAS, representado por Óscar Eduardo Castaño Villadiego, al parecer, por recomendación del exalcalde de Norcasia, Wílmar Herrera Gallego. "En esos dos eventos, Alfredo Odacid instrumentalizó sus funciones como alcalde, colocándose al servicio de la estructura criminal para que se direccionaran los contratos", explicó la Fiscalía en el preacuerdo.
3. El tercer evento es del 28 de enero del 2022, cuando se publicaron los estudios previos y el sustento contractual para la interventoría a la prestación del servicio de alumbrado público a cargo de la empresa Emsamaná, según Acuerdo Municipal del 5 de agosto del 2021, a la que se presentó Duque & Arango Asesores SAS, representada por Camilo Antonio Duque Valencia.
   • El 2 de febrero del 2022 le comunicaron al alcalde que únicamente se postuló esa empresa, por lo que le ordenó a Adrián Idárraga Tibagui, secretario de Agricultura, "descabezarla", pues ya tenía el compromiso con Carlos Valencia para darle el contrato a quien este recomendara. Dos días después declararon desierto el proceso.
   • El ente acusador le otorga la rebaja por aceptación de cargos, partiendo de 72 meses de prisión y quedando en 36 meses (el juez definirá si le otorga subrogados), multa de 39 salarios mínimos mensuales legales vigentes e inhabilidad de 50 meses. No debe devolver dinero, pues no se acreditó que haya obtenido un beneficio económico, según se conoció en llamadas interceptadas con Juan Carlos Martínez, Santiago Castaño Morales y Juan Sebastián Vargas Marín.
   •  "El exalcalde buscó beneficios políticos, cumplir expectativas de su comunidad y canalizar beneficios económicos en favor de terceros. Se concluye que no tiene vínculo actual con el grupo delincuencial organizado de Mario Castaño", recalcó la Fiscalía. Pese a eso, hay compulsa de copias para investigación para extinción de dominio.

El exmandatario se comprometería además a:

• Pedir perdón público en la audiencia de verificación de preacuerdo.
• Mostrar buen comportamiento particular y social.
• Donar libros, por valor de $3 millones, para una escuela pública de Samaná.
• Será testigo de cargo contra Wílmar Herrera.