Uno de los temas que en Colombia resulta de obligatorio análisis en todos los diciembres es, sin duda, la discusión del Salario Mínimo Legal SML que ha de regir para el año siguiente. Las noticias en relación con este espinoso asunto inundan los titulares de prensa, abundan en los portales económicos y se vuelven parte de la cotidianidad en las secciones económicas de las principales cadenas radiales y de televisión de nuestro país. 
Si por mero ejercicio académico revisáramos las noticias publicadas en los diferentes medios de comunicación de hace uno, dos, tres, o más años atrás, en relación con el SML, con absoluta certeza encontraríamos los mismos titulares, argumentos y posiciones de los tres actores sentados frente a la “mesa de concertación”: los trabajadores (formales) defendiendo el poder adquisitivo del salario; los empleadores defendiendo sus costos laborales; y el gobierno, expectante en el medio, ‘casi siempre´ observando desde la óptica de las condiciones económicas del momento. 
Pero una de las grandes falencias de la mesa de concertación es que nunca ha contemplado en las discusiones la posición y el pensar de los trabajadores informales y los desempleados. Sí, así como suena. Porque para nadie es un secreto que cualquiera sea la cifra final del SML, siempre existirán dos consecuencias indeseadas: más desempleo y mayor informalidad. Cuando el salario mínimo es superior al que haría sentido para el empleador pagarle a uno de sus trabajadores, pues lo que le aporta en productividad es menor a esa remuneración, no tendrá incentivos para contratarlo de manera formal. De acuerdo con cifras de la OIT, en Colombia el 58,1% de los trabajadores pertenecen a la economía informal, todo lo cual confirma que “El salario mínimo es un instrumento poco efectivo para proteger el ingreso de los hogares más pobres de Colombia… el efecto real es excluir a mucha gente del mercado laboral formal”, como bien lo declaró recientemente el vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, y antiguo subdirector del DNP, Daniel Gómez Gaviria.
La realidad es que los desempleados y los pequeños negocios son los grupos de valor más afectados por las decisiones sobre el SML y, sin embargo, no tienen ni voz ni voto en esta importantísima instancia de decisión de política pública. ¿Por qué tampoco tienen asiento los principales académicos y expertos en materia de mercado laboral y evaluación de impacto? ¿Por qué no se ha reglado que las decisiones allí tomadas partan de evidencia objetiva sobre los impactos que en años pasados han tenido los incrementos del SML sobre el empleo, la formalidad y la productividad de la mano de obra?
La semana pasada finalizó con la noticia de que la tasa de desempleo desestacionaliza, fuente DANE, subió al 9,9% en octubre, registrando dos meses consecutivos de aumentos. Para evitar que este problema empeore, lo recomendable es seguir la Regla Universal para el aumento del SML, que consiste en sumarle a la inflación las ganancias o pérdidas en productividad laboral. Actualmente se espera que la inflación cierre el año alrededor del 10%, mientras que  la productividad laboral, según lo reporta el mismo DANE, se sitúa entre el -1% y el 0,76% anual (cifras realmente controvertibles). Por lo tanto lo social y económicamente responsable sería un aumento del SML no superior al 11% para el próximo año (la Ley prohíbe que el SML crezca menos que la inflación). Aumentar el SML mucho más allá de la inflación podría no solo deteriorar la situación del mercado laboral, sino también provocar una mayor presión sobre las tasas de interés que se usan para controlar la inflación, lo que empeoraría la ya deteriorada situación económica del país.