LA PATRIA | MANIZALES
Jorge Iván Muñoz Builes jamás dio la cara ante las autoridades por el engaño que le hizo a un tío y la esposa de este. Solo ayer que se dictó sentencia se supo, a través de su abogado de confianza, que pagaría su condena en un domicilio en Medellín.
Siete años y ocho meses de prisión fue la pena que le impuso el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Manizales. El abogado, el mismo que solicitó la domiciliaria para su cliente y se le concedió, apeló la condena.
Según se conoció, contra Muñoz Builes hay más denuncias en trámite por estafa, las cuales están en la Fiscalía, en fase de indagación.
Todo empezó con la negociación de un bus de transporte público, afiliado a una cooperativa de Chinchiná, por $153 millones. El contrato de compraventa se firmó en el 2010. El sobrino, quien figuraba como comprador, jamás cumplió con la adquisición.
La esposa del tío, quien figuraba como propietaria del vehículo, fue engañada, pues confiaba en que el hoy condenado iba a actuar de forma transparente, al punto que le firmó una letra en blanco, para un supuesto autopréstamo por $7 millones.
Lo que nunca supieron las víctimas, hasta que fue tarde, es que al tiempo Muñoz Builes pignoró el vehículo a una prestamista.
Primero llenó la letra por un valor de $70 millones y, segundo, se valió de documentos falsificados: huellas y autenticaciones falsas de una notaría, para inscribir la prenda del vehículo a nombre de la prestamista, en la Secretaría de Tránsito de Manizales.
En el 2011 se sorprendieron cuando los llamaron para anunciarles que les embargarían el vehículo. Hasta ese momento no conocían a la prestamista, quien recibió instrucciones de Muñoz Builes para que no exhibiera el documento donde figuraba la prenda inscrita, durante un tiempo determinado.
Ese lapso, al parecer, lo aprovechó para consolidar su engaño. Las víctimas, en el afán de conservar el vehículo, comprado en su mayoría con una liquidación del tío, más un crédito con una entidad financiera, llegaron a un acuerdo con la acreedora en un proceso civil. Sin embargo, al final también perdieron el bus.
La denuncia se interpuso en 2011. En 2014 se formuló imputación de cargos y las demás etapas se cumplieron siempre con el acusado ausente, que nunca dio la cara.
El proceso requirió en tres ocasiones de la intervención del Tribunal Superior de Manizales por apelaciones de las partes, para que se admitieran puertas y se negara la preclusión. El representante de víctimas, Hernando Rocha, fue el más activo en la sustentación de estos recursos.
Cuarta vez
Frente a la apelación de la condena impuesta, por cuarta vez, el Tribunal tendrá que tomar una nueva decisión. En esta ocasión para revocar o confirmar la sentencia de primera instancia.
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