Lo enredan por, al parecer, pedir plata a sus policías en el Occidente de Caldas

LA PATRIA | MANIZALES

El fiscal leyó una a una las entrevistas de los uniformados. En ellas, el común denominador era pedir algo a cambio para ayudar con un favor. Ese es el diálogo que, según la Fiscalía, mantenía por Whatshapp, teléfono o frente a frente el capitán Óscar David Camejo Gómez, comandante de Policía del Distrito Anserma, con algunos de sus subalternos en Viterbo, Belalcázar, San José, Risaralda y Anserma, donde ejerce el mando.

El oficial fue detenido en la tarde del martes por el Gaula Caldas, sindicado inicialmente del delito de extorsión agravado, que da una pena entre 16 y 24 años. Ayer, cuando lo presentaron ante la juez de Control de Garantías, lo acusaron de concusión y abuso de función pública, que tiene una condena hasta de 9 años y 3 meses de prisión.

Lo acusan de exigirles dinero a sus subalternos en esos municipios para darles permiso de salida y resolverles situaciones disciplinarias. Los policías, según el ente acusador, no aguantaron más y denunciaron.

Sin embargo, en la audiencia de control de garantías, no aceptó los cargos y la juez lo dejó en libertad. "Administrar justicia no es pescar en río revuelto", expresó la juez, al hacer referencia a lo que consideró error de la Fiscalía, pues solicitó una orden de captura por un delito y lo acusó por otro. Por eso se abstuvo de dictarle la detención domiciliaria que pidió la Fiscalía.

"El proceso no fue encaminado de forma correcta. Venía preparada para defender por extorsión agravada", dijo la abogada defensora, Érika Lucía Triana.

La audiencia

Cada vez que el fiscal leía las declaraciones de los uniformados, el capitán Camejo Gómez, de 35 años, estiraba sus piernas, movía la silla, miraba al techo y mascaba con más fuerza el chicle que tuvo en su boca durante gran parte de la audiencia.

El ente acusador usó las declaraciones de cinco policías adscritos al Distrito Tres Anserma. Los hechos ocurrieron entre abril del año pasado y enero de este año. Según los relatos, a uno le exigió el pago de $600 mil a cambio de no pasarle un informe, que afectaría su ascenso. "Tomé licor en mi día de descanso. Al día siguiente me hizo prueba de alcoholemia y como tenía tufo, me amenazó con pasar un informe. Me pidió ese dinero. Me intimidó con contarle a mi esposa que estaba de fiesta con otras mujeres".

Otro, oriundo del Putumayo, quería juntar un permiso con las vacaciones para poder ir hasta su casa. "Por Whatsapp me dijo que eso se arreglaba con $100 mil, que debía mandarle por Susuerte. Incluso me envió su número de cédula", leyeron en la audiencia. Incluso, la Fiscalía dijo que entre las pruebas están los pantallazos de esos diálogos.

Uno más expresó que para un traslado le pidió el pago de $300 mil. El uniformado le suplicó que fuera en dos contados, pero no aceptó eso. Terminó entregándole un portátil en buen estado. "Tocaba descuadrarnos en la quincena o prestar dinero. El afán de ver a la familia nos hacía actuar así".

A uno más le pidió $700 mil, cifra que la víctima consideró muy alta. Arreglaron en $300 mil, pagos en dos cuotas. Le dijo que si no le pagaba le buscaría la caída. Otro solicitó juntar un permiso con las vacaciones, pues es de Montería, pero le exigió el pago de $200 mil y el giro de otros $100 mil desde su tierra.

La Fiscalía le pidió aceptar los cargos para obtener la rebaja. Destacó que el uniformado, desde el 2007, ha recibido varias condecoraciones y felicitaciones, y que está pendiente de un curso de ascenso en España, por lo que pidió la detención domiciliaria. La abogada manifestó que su defendido no tiene la potestad para establecer o feriar traslados y que esas solicitudes siempre se deben hacer con el Comando del Departamento. Destacó la hoja de vida del capitán e indicó que podría tratarse de problemas, de los considerados como víctimas, con su apoderado.

Cuando la juez decidió dejarlo en libertad, el capitán se levantó de la silla y estiró sus manos. Ahora debe esperar a que se decida la segunda instancia de la petición de privación de la libertad y que lo citen a juicio. Por el momento quedará en vacaciones.

Este proceso no quiere decir que el uniformado sea culpable, simplemente que en su contra se adelanta una investigación y será un juez de la República el que decidirá si lo condena o lo absuelve.

Del experto

Carlos Alfonso Velásquez, coronel (r) del Ejército y profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de la Sabana, manifestó que el caso ocurrido en Caldas, de ser cierto, es muy grave y que la sanción para el uniformado debe ser drástica.

"Cuando un miembro de la fuerza coercitiva del Estado se corrompe, el daño social que produce es evidente y sensible, pues, entre otras, afecta la confianza que deben inspirar los agentes del orden para que la gente denuncie o recurra a ellos para atender sus problemas de inseguridad. Es un síntoma más y elocuente de la crisis moral que atraviesa la sociedad colombiana".

De la Policía

En un comunicado, el Comando de Policía Caldas manifestó que, en su compromiso de transparencia institucional, se dejó en manos de las autoridades judiciales el avance del proceso investigativo, entregando todas las garantías necesarias para el debido proceso.

El dato

El ente acusador apeló y será un juez de segunda instancia el que decida sobre la solicitud de medida de aseguramiento.