A juicio otro implicado en muerte de comerciante en Palestina

LA PATRIA | MANIZALES

Han pasado seis años y nueve meses del secuestro, tortura y asesinato del comerciante Jairo Arley Carvajal Sánchez, en el barrio Palermo de Manizales, y el caso no se resuelve aún.

Por esa muerte hay dos condenados: Liliana Marcela Martínez Cristancho, a 11 años y cuatro meses de cárcel. Recientemente le concedieron libertad condicional con periodo de prueba hasta el 2021. Y Jhon Jairo Gutiérrez Grajales, sentenciado a 17 años y dos meses. Está detenido desde el 14 de abril de 2012. Eran del Gaula.

Una tercera persona seguirá en juicio. Se trata de otro integrante del grupo policial, a quien el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, al término de la audiencia preparatoria en julio pasado, no le admitió 20 pruebas testimoniales solicitadas por su defensora.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Manizales sí lo autorizó esta semana. Se espera el arranque del juicio, donde se determinará si es o no responsable de secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado.

Los hechos

A Carvajal Sánchez lo secuestraron en la tarde de ese día, después de salir de un restaurante de mariscos en la calle 69 con carrera 27A. Dos hombres y una mujer participaron en el hecho. Le aplicaron descargas con una pistola Tazer. Aún convulsionando, lo subieron a un vehículo. Un testigo anotó las placas y acudió al CAI de Palermo para dar los datos.

Empezó la búsqueda y se estableció que a la víctima lo cambiaron a otro carro, conducido, al parecer, por el hoy sindicado, que a la vez sería el dueño.

Otro sujeto, que aún no está identificado, iba en el automotor y colaboró para continuar con la retención del comerciante. En la noche de ese sábado, a las 11:20, la Policía de Chinchiná recibió el reporte de un vehículo incendiado en el sector Las Palomas, de Palestina.

Los habitantes ayudaban a apagar el fuego, que se hacía más fuerte en el baúl. Al apagarlo encontraron allí un cuerpo incinerado, sin manos ni pies. Días después, mediante cotejo dental, se estableció que era el secuestrado.

El domingo y el lunes siguientes, la compañera permanente del plagiado recibió llamadas donde le pedían $80 millones por devolver a Carvajal Sánchez. Posterior al fallecimiento, extraños empezaron a ocupar sus bienes. Eso les indicó a las autoridades que los móviles serían cobro de cuentas.

La defensa insistirá en que el acusado, como integrante del Gaula, se desplazó el día de los hechos a un municipio para atender un caso de secuestro y que si actuó en los hechos endilgados fue por presión de sus superiores.