La Superintendencia Nacional de Salud efectuó hoy la intervención forzosa administrativa para administrar de la EPS Sanitas

Foto | Superintendencia de Salud | LA PATRIA La Superintendencia Nacional de Salud efectuó hoy la intervención forzosa administrativa para administrar de la EPS Sanitas.

Autor

El presidente, Gustavo Petro, afirmó este martes que la intervención ordenada por el Gobierno en la entidad prestadora de salud (EPS) Sanitas, del grupo de origen español Keralty, fue necesaria para salvar el sistema de salud, pero la medida ha sido criticada por diversos sectores.

La intervención, por un periodo de un año, fue anunciada por la Superintendencia de Salud alegando supuesta insolvencia de Sanitas, que tiene 5,7 millones de afiliados en Colombia, basados "en el incumplimiento de los requisitos financieros de habilitación y otros factores", pues sus deudas hasta diciembre sumaban más de dos billones de pesos.

"El Gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud y la vida de los colombianos", manifestó Petro en su cuenta de X, en la que añadió que ese sector arrastra desde hace años problemas financieros por supuestos malos manejos.

Según Petro, "el actual sistema (...) extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron", y por eso su Gobierno debe "actuar de acuerdo a la ley y la Constitución y con decisión".

Críticas a la intervención

Sin embargo, la intervención en Sanitas "para tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos", fue criticada por diversos sectores que consideran que se trata de una revancha del Gobierno contra empresas privadas por el inminente hundimiento en el Congreso de su controvertida reforma de la salud.

"La respuesta al fracaso de la reforma a la salud, que el Gobierno fue incapaz de concertar, no es apoderarse del sistema, primero de la Nueva EPS y ahora de Sanitas", manifestó en su cuenta de X José Antonio Ocampo, quien fue el primer ministro de Hacienda de Petro, entre agosto de 2022 y abril de 2023.

Ocampo, un prestigioso economista que también fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), añadió: "El Gobierno es incapaz de manejar el sistema. Se necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total del sistema, que sufriremos todos los colombianos".

En la misma línea se situó Alejandro Gaviria, quien fue ministro de Salud entre 2012 y 2018, en el Gobierno de Juan Manuel Santos, y de Educación de Petro, entre agosto de 2022 y febrero de 2023, y está considerado una de las voces con más conocimiento del sector de la salud.

"La inminente destrucción del sistema de salud es una tragedia para Colombia. El sistema de salud ha representado el mayor avance social desde 1991. El revanchismo ideológico del Gobierno afectará muchas vidas y podría causar muchos muertos", expresó Gaviria en X.

Acusación de maniobra política

Para el senador David Luna, del partido opositor Cambio Radical, la intervención del Gobierno en Sanitas forma parte de un plan para "llevar este sistema de salud a la quiebra".

"Como no tienen los votos en el Congreso para aprobar su nefasta reforma a la salud, ahora ahogan el sistema para quedarse con el chorro de recursos, para manejarlos a su antojo", dijo Luna.

El senador agregó: "A este Gobierno no le importan los pacientes, ni su acceso a medicamentos, citas ni tratamientos. Lo que le importa es tener la plata de su salud a disposición para hacer campaña, para reelegir a Petro en el 2026".

El líder de Cambio Radical, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, también señaló que desde hace tiempo ha advertido "que el Gobierno del 'cambio' (lema de Petro) quiere implementar a la brava su reforma a la salud".

El sector empresarial, encabezado por la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, también expresó su preocupación por el paso dado por el Gobierno.

"La intervención de la EPS Sanitas (...) deja muchas dudas y preocupaciones como por ejemplo la garantía de la buena atención a los 5,7 millones de pacientes; que la empresa cuente con todas las garantías en el proceso, que haya respeto a la propiedad privada y que todas las acciones estén enmarcadas en el respeto a la Ley y la Constitución", dijo Lacouture.

Según la presidenta de Amcham, "los pacientes y su oportuna atención médica deben prevalecer sobre cualquier consideración de la Superintendencia de Salud sobre la EPS Sanitas".

Al respecto, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, dijo que todos los afiliados a Sanitas pueden tener "la certeza de que la funciones de la EPS van a continuar (...) se va a garantizar la continuidad en la prestación de servicios".