Los pactos regionales de la parapolítica

VerdadAbierta.com*

LA PATRIA | Bogotá

Para las elecciones legislativas de 2002 y las regionales de 2003, varios jefes paramilitares sellaron alianzas con un gran número de miembros de la clase política a través de los denominados pactos, que acordaban, entre otras cosas, el apoyo de los paramilitares a ex congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales.

Hasta hoy, la justicia ha procesado por parapolítica a 41 ex alcaldes, contra los cuales se han proferido 43 medidas de aseguramiento y 22 condenas, según cifras de Nuevo Arcoíris.
De los pactos el más conocido, tal vez por su particular compromiso de “refundar la patria”, “crear un nuevo pacto social” y “construir una nueva Colombia”, es el de Ralito.

Este acuerdo se firmó el 23 de julio de 2001, en la finca del paramilitar Salomón Feris Chadid, alias '08', en el corregimiento de Santa Fe de Ralito, en Tierralta (Córdoba), por cerca de 100 dirigentes políticos de la Costa Caribe. Entre los firmantes estaban los ex jefes paramilitares 'Jorge 40?, 'don Berna', Salvatore Mancuso, Diego Vecino y por la clase política figuraban los gobernadores de Sucre y Córdoba y congresistas, alcaldes y dirigentes ganaderos de Sucre, Córdoba, Cesar y Magdalena.

Hasta ahora, por la firma de este pacto han sido procesados: Salvador Arana (ex gobernador de Sucre, condenado a 40 años de cárcel por el homicidio del alcalde de El roble, Edualdo Díaz), Reginaldo Montes (condenado a seis años de cárcel), Alfonso Campo Escobar (ex representante por Magdalena condenado a 6 años de prisión), Juan Manuel López Cabrales (ex senador condenado a 6 años de cárcel), Eleonora Pineda (acogida a sentencia anticipada y condenada a 3 años de prisión) y Miguel de la Espriella (ex representante a la Cámara por Córdoba condenado a 3 años y 7 meses de prisión).
Sin embargo, las investigaciones por el Pacto de Ralito no sólo han arrojado decisiones en contra de los políticos. En noviembre del 2007, José de los Santos Negrete fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia al demostrar que asistió a la cita como acompañante del entonces congresista Luis Carlos Ordosgoitia también absuelto. En agosto de 2009, la Fiscalía archivó la investigación contra el ex senador cesarense Pepe Gnecco, pues el único contacto que se le comprobó a Gnecco con los paramilitares fue haber firmado ese Pacto.

En febrero del 2012, la Corte Suprema condenó a siete años de cárcel a los ex congresistas Jorge Luis Feris, José María Imbeth y al ex gobernador Jesús María López por aliarse con los paramilitares al mando de ‘Mancuso’. La Corte retomó del proceso que estuvo en manos de juzgados especializados en el 2009, sin que se hubiera dictado sentencia alguna.
El alto tribunal retomó sus casos valiéndose de una jurisprudencia de emitida el 15 de septiembre de 2009, con la que reasumió la competencia para juzgar a políticos con fuero especial como congresistas y gobernadores, así estos hubiesen renunciado a su investidura.

Sin embargo y aunque han sido judicializados un número importante de políticos aliados de los paras en Ralito, hay casos aún pendientes como del ex senador William Montes, proceso reabierto por la Corte Suprema de Justicia luego de que un Juez de Bogotá lo absolvió.

* Portal especializado en el proceso de Justicia y Paz.

En Chocó

Durante una versión libre ante la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, el ex jefe paramilitar Freddy Rendón Herrera, alias 'el alemán', dio un listado de 23 políticos que supuestamente hicieron alianzas con los paramilitares. Esa denuncia fue punto de partida de varias investigaciones contra ex congresistas, gobernadores, alcaldes y concejales del Urabá chocoano y antioqueño aliados de los paramilitares.
Según 'el alemán', el movimiento apoyado por el Bloque Élmer Cárdenas de las Auc se denominó Urabá Grande Unida y en Paz, o Proyecto Político del Darién Colombiano, y tuvo como fin meter a la clase política de Urabá antioqueño y chocoano en el proyecto paramilitar.

El proyecto político del Élmer Cárdenas tuvo sus raíces en el trabajo minucioso de los denominados Promotores de Desarrollo Social (PDS). Ellos fueron cuadros del paramilitarismo, entrenados en las leyes comunales y en trabajo social, que conformaron y orientaron a las juntas de acción comunal. Estas fueron las incubadoras de políticos que fueron lanzados con el aval y la complicidad de los paramilitares.
Con las elecciones del 2001, según 'el alemán', “se inicia en cada uno de los corregimientos de los municipios de Urabá y Córdoba la realización de asambleas con el fin de escoger según el consenso electoral los candidatos por corregimiento al concejo municipal”.

En 2010, la Fiscalía dictó 25 medidas de aseguramiento contra dirigentes políticos del Urabá, incluyendo alcaldes, concejales, diputados, ex funcionarios de gobiernos locales y algunos periodistas.
En septiembre de 2010, la Fiscalía acusó al entonces alcalde de Riosucio, Jorge Isaac Mosquera Caicedo (2008-2011), a los ex alcaldes Ricardo Azael Victoria Martínez (2001-2003) y Eulalio Lemus Moreno (2004-2007), y los ex concejales Manuel Padilla Córdoba y Libardo José Ferro Caicedo (2001-2003), por sus presuntos nexos con ‘el alemán’.
Por vínculos con el Élmer Cárdenas en Chocó, la Corte condenó en 2010 a los ex congresistas Robert Mendoza, Édgar Eulises Torres y Odín Sánchez, por haber salido elegidos al Congreso en 2002 con el apoyo de ese grupo paramilitar. La Corte dio plena credibilidad al testimonio de ‘el alemán’.
El Alto Tribunal dio por hecho una reunión suya con los candidatos al congreso del Chocó de cara a las elecciones.

"Aún antes de que conforme a la voluntad regional, Robert Mendoza Ballesteros se uniera al movimiento político liderado por el congresista Édgar Eulises Torres en el tercer renglón de la lista a la Cámara de Representantes, Fredy Rendón Herrera alias 'el alemán', jefe de las autodefensas del Bloque Élmer Cárdenas, convocó a los principales artífices de ese movimiento regional para trazar pautas de 'ética política' conforme a la particular visión de una organización que, según su dicho, propició y garantizó la elección regional de Robert Mendoza Ballesteros y su inclusión en la lista del congresista Édgar Eulises Torres, también, según él, aliado de las autodefensas", señaló la Corte en la sentencia.

El proyecto político de los paramilitares en Urabá chocoano, también incluyó el denominado Pacto de Singapur, en el que los ex congresistas Torres y Sánchez, realizaron una alianza política con 'el alemán', según confesó este, para llevar a la gobernación del Chocó a Julio Ibarguen Mosquera (2003-2007) y también para prestar apoyo al entonces candidato, y ex gobernador del Chocó 2008-2010, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, hermano del condenado Odín.

Actualmente la Fiscalía delegada ante la Corte tiene abiertas investigaciones previas contra estos ex gobernadores.
Por nexos con paramilitares en el Chocó, el ente acusador, también adelanta procesos contra los ex gobernadores del Chocó Juan Hinestroza y Jose Luis Córdoba, mencionados en marzo del año pasado por Jorge Iván Laverde, alias 'el iguano'.

El pacto de Marizco

Significa Margen Izquierda de Córdoba. Hizo parte del denominado proyecto Urabá Grande Unida y en Paz. Según lo han declarado ‘el alemán’ y varios desmovilizados del ‘Élmer Cárdenas’, este acuerdo se realizó con políticos de los municipios de Canaletes, Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos y San Bernardo. Según Salvatore Mancuso, fue a través del cual se apoyaron las candidaturas al Senado para el año 2002 de Reginaldo Montes y Mario Salomón Náder, quienes resultaron electos. Sobre este pacto, la Corte Suprema adelanta el juicio contra Náder.
Asimismo, en noviembre del año pasado, un fiscal de la Unidad Nacional contra el Terrorismo decidió mantener la detención preventiva sin excarcelación, a 11 políticos de Córdoba que al parecer hicieron alianzas con el Bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas, al mando de Freddy Rendón Herrera, alias 'el alemán', en el desarrollo de ese proyecto. Entre los procesados por la Fiscalía se encuentran los ex alcaldes del municipio de las Córdobas, Alfredo Fidalgo Arrieta y Juan Antonio Jabib Flores, también investigados por el asesinato de Saúl Pérez Díaz, aspirante a esa misma Alcaldía.

Por este pacto, también investiga la Fiscalía a los concejales de Los Córdobas, Alfredo Fidalgo Arrieta López y José Acosta Navarro; el ex alcalde Saúl Carreazo Silgado; el ex alcalde de Canalete Mario José Buendía Vásquez; el ex alcalde de Moñitos Isaías Enrique Martínez Castro; el ex jefe de narcotráfico de Los Urabeños, Daniel Enrique Martínez Caraballo, alias Puerca; el aspirante a la Asamblea Noé de Jesús Doria González y el funcionario de la Umata en Los Córdobas Urbano Antonio Viana Madero.

La justicia también capturó a Aniris Muñoz Vera, José Félix Martínez Bravo, Bonifacio Contreras y Pedro José Martínez Humánez. Y mediante resolución de 12 de octubre de 2011, el Despacho 25 de esta Unidad Antiterrorismo llamó a indagatoria a 21 personas, entre quienes se encuentran alcaldes y ex alcaldes, ex personeros, ex tesoreros, ex concejales de los municipios de Los Córdobas, Moñitos y Canaletes (Córdoba).
Según cifras de la Fiscalía, 18 de los acusados se encuentran capturados o con medida de aseguramiento, por sus nexos con paramilitares y sólo faltarían 3 ex funcionarios por judicializar.

La parapolítica en Antioquia

En Antioquia se destaca la complicidad entre miembros de la clase política y líderes de las autodefensas, quizás porque allí fue donde se dio el mayor número de estructuras paramilitares: los bloques Bananero, Élmer Cárdenas en Urabá, Mineros en el bajo Cauca, Cacique Nutibeara, Autodefensas del Magdalena Medio y el Bloque Héroes de Granada.
Según cifras de la Corporación Nuevo Arco Iris, hasta el momento han sido procesados por vínculos con paramilitares 22 ex congresistas antioqueños, de los cuales siete han sido condenados, uno absuelto, a uno se le profirió auto inhibitorio y hay 10 en etapa de instrucción e investigación previa. Llamados a juicio están el ex senador Óscar Suárez Mira y el ex representante a la Cámara Estanislao Ortiz. A la espera de ser condenado o absuelto se encuentra el ex representante César Pérez García, acusado de ser el determinador de la masacre de Segovia.
Entre tanto, por nexos con el Bloque Élmer Cárdenas al mando de ‘el alemán’, la Corte condenó a los ex senadores Antonio Valencia, Rubén Darío Quintero y Humberto Builes, como articuladores del proyecto Urabá Grande, Unida y en Paz.

Luego de haber aceptado aliarse con Rendón Herrera, también fueron condenados los ex representantes a la Cámara por Antioquia Manuel Darío Ávila Peralta, Jesús Enrique Doval Urango y César Augusto Andrade Moreno.
Sin embargo, sobre los nexos entre paramilitares y políticos en Antioquia aún hay varias investigaciones vigentes. Tal vez, la que más ampolla levanta es la investigación preliminar de la Fiscalía contra el ex gobernador de Antioquia y actual alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria.

Esta investigación surgió luego de que Rendón Herrera, durante el juicio que se llevó a cabo contra el ex congresista Humberto Builes, aseguró que ayudó a Gaviria en su campaña para la Gobernación de Antioquia en 2003. Gaviria ha negado rotundamente las acusaciones.

Su padre, Guillermo Gaviria Echeverry, reconocido empresario antioqueño y periodista dueño de El Mundo, también ha sido señalado por Raúl Hasbún, desmovilizado, de haber financiado a los paramilitares en el Urabá antioqueño. Él y su familia aseguran que nada han tenido que ver con los 'paras'.

El pacto de Casanare

En junio de 2011 fueron condenados seis ex alcaldes de los municipios de Monterrey, Tauramena, Aguazul, Villanueva, Sabanalarga y Maní por ser firmantes del denominado pacto de Casanare.

Un acuerdo en el que los políticos se comprometieron con el jefe paramilitar Martín Llanos a entregar el 50% del presupuesto de sus municipios y el 10 por ciento de los contratos ejecutados a las autodefensas.
Por este caso la justicia tardó cuatro años en fallar. Tanto así que, aunque existían pruebas audiovisuales del encuentro, luego de dos años en prisión, un juez dejó libre a los alcaldes por vencimiento de términos.

Pacto de Chivolo

Firmado el 28 de septiembre del 2000, en el corregimiento de La Estrella a 20 minutos del casco urbano de Chivolo (Magdalena), cuando Neyla Alfredina Soto Ruiz, representante social de las Auc en Magdalena, también conocida como ‘la sombrerona’ o ‘Sonia’, citó por orden de 'Jorge 40' a cientos de candidatos a los diferentes cargos de elección popular. Aunque el pacto lo firmaron 13 candidatos a las alcaldías y 395 personas más entre aspirantes a concejos y asamblea, a la cita llegaron 700 personas de todos los municipios del Magdalena.

Este acuerdo se hizo famoso en los medios de comunicación gracias a una carta que envió, en agosto del 2008, la ex senadora Gina Parodi al fiscal Mario Iguarán pidiéndole agilidad en los procesos que se llevaban contra políticos firmantes. La petición de la senadora desató una gran polémica, por el hecho de que, pese a tener conocimiento sobre esta reunión, la Fiscalía no había abierto ninguna investigación contra las personas vinculadas a los acuerdos de Chivolo y Pivijay.

Cuatro meses después de enviada la carta, la Fiscalía llamó a indagatoria a 10 políticos del Magdalena que figuraban como firmantes del acuerdo. El 5 de noviembre del 2008 fueron requeridos los ex alcaldes de Concordia, Aníbal Castro Martínez, José Ignacio Mercado Colón y Pablo José Salas Orozco; así como Miguel Antonio Aragón Escorcia y los ex diputados de la Asamblea de Magdalena Édgar Manuel Castro Castro, Fernando Jesús Mozo Ortiz, Franklin Lozano Pimienta y Jorge Vega Barrios.

Las investigaciones por este pacto estuvieron estancadas hasta febrero de 2012, cuando un fiscal antiterrorismo llamó a indagatoria a 115 políticos, entre ex alcaldes y ex concejales, por la firma de este convenio. Un mes después de conocerse esta decisión, a principios de mayo de 2012, fueron capturados 12 políticos locales por la firma de este pacto.
Entre los capturados se encuentran los ex concejales de Algarrobo Gustavo Enrique Carrillo Macías, Luis Carlos Puello Rodríguez, Gentil Rodríguez Zúñiga, Eusebio Manuel Vizcaino Varela y José Jorge Crespo Pérez y varios ex concejales del municipio de Salamina.

Según las investigaciones, hasta ahora reveladas por la justicia, del Pacto de Chivolo surgió el movimiento político de 'Jorge 40' llamado “Provincia Unida por una mejor opción de vida”, en el cual, los paramilitares le dieron el apoyo a José Domingo Dávila Armenta como aspirante a la Gobernación del Magdalena. Dávila Armenta fue llamado a juicio en julio de 2009 y condenado en febrero del 2011.
También ONG con incidencia en Magdalena han denunciado que algunos de los participantes del pacto de Chivolo, a quienes la justicia se encontraba investigando, no solo continúan haciendo política en la región, sino además tienen control sobre predios despojados.

El pacto de Pivijay

El 22 de noviembre de 2001, políticos del departamento del Magdalena y paramilitares firmaron el denominado convenio político para el debate electoral del 10 de marzo de 2002, con el fin de apoyar la candidatura de Dieb Maloof al senado y de José Gamarra Sierra a la Cámara de Representantes. En segundo renglón por el Senado quedó asignado Jorge Castro, y en segundo lugar a la Cámara, Gustavo Orozco.
Por la firma de este pacto, la Justicia ha condenado a los ex congresistas Maloff, Castro, Gamarra Sierra, y Orozco, y a los ex acaldes: Ramón Prieto Jure, Manuel Mesa Gamarra, Martha Miranda, Franklin Lozano, Daniel Solano, Arnulfo Borjas, Fernando Orozco, Carmen Castro, Jorge Vega Barrios, Fernando Mozo, este último prófugo de la Justicia.

El G8 bajo el mando de ‘Jorge 40'

En 2002, al igual que en Magdalena, ‘Jorge 40’ consolidó el poder paramilitar en municipios mineros del Cesar, denominados G8 y conformados por El Copey, Bosconia, La Jagua, Astrea, Chiriguaná, Chimichagua, Becerril y el Paso.
En el G8, ‘Jorge 40’ buscó el apoyo de la clase política local para favorecer en las elecciones del 2002 al ex senador Mauricio Pimiento, condenado por parapolítica y al ex representante a la Cámara Jorge Ramírez Urbina.
En el desarrollo de las investigaciones por estos convenios políticos, la Fiscalía acusó a los ex alcaldes de Astrea, Garibaldis López Acuña, Jaime Sajonero Pallares y Édgar Orlando Barrios ortega por aliarse con paramilitares del Bloque Norte de las Auc y poner sus administraciones bajo las órdenes del jefe paramilitar ‘Jorge 40’. En febrero de 2012 el juzgado penal de circuito especializado de Bogotá condenó a tres ex alcaldes del municipio de Astrea (Cesar).

El pacto de Caldas

También conocido como el pacto de El Tambor. En Caldas, Iván Roberto Duque, alias 'Ernesto Báez', diseñó una estrategia para posicionar el paramilitarismo en las más altas esferas políticas. La condena más reciente sobre estos acuerdos la profirió la Corte Suprema de Justicia contra el exrepresentante a la Cámara Juan Pablo Sánchez, hallado responsable de aliarse con paramilitares del Bloque Cacique Pipintá.
Por estos mismo hechos, han sido condenados los ex representantes Enrique Emilio Ángel, Dixon Ferney Tapasco y Jairo Alberto Llano, todos del Partido Liberal de Caldas e integrantes de la misma lista al Congreso. También el exdiputado y exdirector de esa agrupación política Ferney Tapasco González.

La investigación contra Sánchez dejó en evidencia cómo los paramilitares participaron en el debate electoral y eligieron a sus candidatos mediante una fundación de carácter estudiantil denominada Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz), que incluso ejecutó proyectos para los desmovilizados concentrados en la zona de ubicación de Santafé de Ralito.

La parapolítica en Santander

Durante el 2011 y principios del 2012, varias figuras políticas del movimiento Convergencia Ciudadana fueron condenadas por sus nexos con paramilitares.

El 18 de enero de 2012, la Corte Suprema de Justicia condenó al ex senador Luis Alberto Gil, fundador de ese partido. Con Gil fueron condenados el ex senador Óscar Josué Reyes y el ex representante Alfonso Riaño.
Por nexos con paramilitares en Santander, durante el 2011 y principios del 2012, la Fiscalía abrió investigación contra el ex gobernador de ese departamento y miembro de ese mismo partido, Hugo Heliodoro Aguilar, juicio próximo a realizarse en la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, el Alto Tribunal llamó a indagatoria a los ex representantes a la Cámara, Alexánder Ariza, Nelson Castillo y Rafael Castillo, todos de Convergencia, liderado en Santander por Gil.

Según se ha dado a conocer, entre Gil y el coronel Aguilar, fundadores de Convergencia, se propusieron entonces ganar las elecciones de Congreso en 2002 y las regionales del siguiente año, según lo probó el Alto Tribunal, apoyados por los paramilitares.
En julio de 2011, Aguilar fue capturado por presuntos nexos con los paramilitares, pero siguió con su plan de heredarles el poder a sus hijos. Así promovió la campaña de Richard Aguilar, quien ahora es el actual gobernador de Santander por el PIN, partido en el que mutó el acabado Convergencia Ciudadana.