Colombia sigue siendo un régimen presidencialista, aunque transformado. En el siglo XIX el presidente era el centro del poder político y de la institucionalidad. Con la Constitución de 1991 pasamos a ser un Estado Social de Derecho que dictó normas fundamentales y determinó la división del poder público entre el legislativo, que es el Congreso haciendo las leyes, y el ejecutivo, que es la Presidencia ejecutándolas. El presidente, así sea jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa no puede salirse de este marco porque juró cumplir la Constitución y las leyes; salvo casos excepcionales como la declaratoria de estados de emergencia.
Es bueno recordarlo, porque entre el ejecutivo y el legislativo no hay una relación armónica debido a la mala suerte de las reformas propuestas por el Gobierno. El presidente Petro ha ido restado respaldos de los partidos para mantener mayorías en el Congreso, después de señalar a varios senadores y de aprobar por decreto lo que no le han votado a favor. Eso se ha visto como una amenaza para la existencia de Senado y Cámara, aunque el presidente viene fumando ya la pipa de la paz con algunos liberales con los que podría empezar a recomponer el trámite de los proyectos.
Petro sigue pisando delicados terrenos al insistir en que comenzó el proceso para una nueva constituyente, que le permita sacar adelante los cambios que no le ha querido aprobar el Congreso. Con razón el jurista Rodrigo Uprimny asegura que la propuesta del presidente es innecesaria, improvisada, inoportuna, contradictoria, ambigua y riesgosa, ya que el problema no es la Constitución para consolidar sus intereses, son sus formas. Los cambios en el país tienen que pasar por manos de expertos, de conocedores en los temas y por la institucionalidad, que es lo que no se ha hecho.
Gobernar no es someterse a todo lo que quieren los gobernados. Hay cosas posibles en lo administrativo, pero también hay imposibles que solo los estudios y los análisis hacen ver. Un presidente, un gobernador, un alcalde, están para decidir, para elegir los mejores caminos de hacer las cosas, para generar el menor riesgo posible en sus territorios y para ejecutar con miras a resolver los problemas y llevar desarrollo a las poblaciones.

Por más que el sistema siga siendo presidencialista, Colombia requiere conservar la autonomía de los poderes públicos del Estado, que se deje actuar a cada uno conforme a la Constitución y las leyes. Lejos hay que mantener el monocefálismo, estar bajo el mandato de una sola cabeza para todo, que terminaría es acabando con la democracia. Y la mermelada tampoco puede ser precisamente la solución que llevará a resolver cada choque de trenes. Fuera de ser poco ética, puede constituir un delito si no está reglada, ya se ha intentado y con resultados más agrios que dulces para el país.