La queja permanente ciudadana es el incremento de los precios de la canasta familiar. Hay productos que en menos de cinco años han duplicado su costo, mientras que la capacidad de adquisición no alcanza esos niveles. Esto es parte de la inflación que ha llegado a niveles récord en el último año con consecuencias para lo que debe ser una alimentación saludable. El asunto no es menor, de acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, desde el 2015 se presenta un deterioro en la situación de seguridad alimentaria y nutricional del país. Según sus cuentas, ya son 15 millones 500 mil colombianos los que registran dificultades para acceder a una dieta saludable de forma continua.
La pandemia de covid-19 potenció la grave situación y frenó los pocos indicadores que en estos asuntos se habían mejorado. Este retroceso es de mucha gravedad. La falta de comida en los hogares puede en cualquier momento derivar en problemas de otras índoles como aparición de enfermedades superadas, desnutrición crónica, peores indicadores en acceso y calidad educativa y, por supuesto, inseguridad y conflictos de convivencia. La reaparición en Manizales de extensas invasiones son prueba de lo que estamos diciendo.
Carlos Scaramella, director para Colombia del PMA, anota que esta situación es común a América Latina, pero se agrava aquí por el conflicto armado, la violencia cotidiana y el desplazamiento de personas, lo que dificulta mucho más producir para el autoconsumo. Ayudar a los campesinos y a los ciudadanos que puedan hacerlo a cultivar algunos alimentos allí mismo debe ser prioridad. Se cuenta con programas suficientes, que han dado resultados en instituciones, pero no se continúan con la frecuencia y el seguimiento necesarios para convertirlos en políticas públicas. Garantizar las tres comidas del día, con niveles nutricionales óptimos debe ser obsesión de cualquier Administración, no programas aleatorios.
Se plantea desde el PMA, que la Reforma Rural que ha propuesto el actual Gobierno es una necesidad para democratizar el acceso a la tierra y que quien desee pueda cultivarla. Esto es cierto, pero al tiempo hay que entregar los elementos necesarios para que esta sea productiva, porque que nuestro país sí importa más del 60% de los cereales y, al tiempo, no ha logrado niveles de producción a costos que sean razonables para competir en el mercado. Se tiene que tratar lo uno con lo otro.

Promueve el PMA que se reconozca el alimento como un derecho fundamental de todos los colombianos y así debería ser. Cuando se habla del mínimo vital, debería pensarse más que en entrega de dinero en efectivo, en garantizar el alimento en cada mesa. No esperar hasta que se presente un nuevo estallido social para tomar medidas como las implementadas en la pandemia, cuando los presupuestos públicos se volcaron a llevar mercados a los desfavorecidos. La solución definitiva no puede ser la entrega de subsidios o mercados por secula seculorum, eso sí que atenta contra la dignidad humana, se requiere es brindar condiciones para que quienes lo necesiten reciban un impulso que los lleve a dejar de depender de estas ayudas y puedan luego ser suficientemente productivos o ganar un salario.