El 3 de septiembre de 2022 quedó en la historia de Supía, no precisamente como fecha para recordar con beneplácito. Ese día tuvo una de las peores inundaciones, que allí son muy frecuentes. Debido a las intensas lluvias, el río Supía y las quebradas Grande y Rapao se desbordaron. El saldo fue una mujer muerta que arrastró la corriente, 3 mil personas afectadas,  1.200 familias damnificadas; viviendas de unos 11 barrios con pérdidas físicas, pero también en enseres y electrodomésticos porque todo quedó cubierto por el lodo, hasta las calles. Tres puentes colapsaron.
Una vez superada la emergencia con ayudas humanitarias del Municipio, Nación y Departamento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en Bogotá no escuchó el clamor recurrente del alcalde para que el Gobierno ejecutara obras de mitigación del riesgo, que reduzcan la vulnerabilidad a la que están expuestos los habitantes y eviten en cada invierno que el río y las quebradas sean una amenaza. Esta Unidad estaba entonces bajo la dirección de Olmedo López, investigado por presunta corrupción en la compra de unos carros tanque a alto precio y que nunca llevaron agua a La Guajira, como se pretendía. López también es señalado de demoras en la reconstrucción de Mocoa, que en el 2017 sufrió una avalancha que acabó con la vida de por lo menos 332 personas.
El Tribunal Administrativo de Caldas falló en días pasados una acción popular promovida por la Personería de Supía en defensa de derechos colectivos de los afectados. Ordenó que en un plazo de 18 meses se hagan las obras. Vinculó a la UNGRD y también a Corpocaldas y la Gobernación, esta última que tampoco logró que la UNGRD prestara debida atención al caso a pesar de haberle enviado solicitudes, estudios y requerimientos. Algunas entidades apelaron de la decisión del Tribunal y será el Consejo de Estado el que resuelva. No se sabe cuándo. Mientras tanto, el riesgo en Supía sigue presente y las acciones lejos, pues 19 meses después de la emergencia no hay siquiera un metro reparado de los puentes que colapsaron.
Claramente el Gobierno a través de la UNGRD dejó de atender razones como las que expuso la Alcaldía de Supía, en cuanto a que el municipio no es capaz de asumir solo este tipo de proyectos, que son costosos, y la Gobernación también dice haber hecho lo que pudo con sus recursos para ayudar a solventar la emergencia y descolmatar un poco el río. Pero lo que se requiere en este municipio va más allá, porque el afluente atraviesa el pueblo y hoy son muchas las familias asentadas muy cerca de la orilla, lo que las administraciones desde tiempo atrás nunca detuvieron.

Ya hay un fallo para ratificar o revocar, habrá que esperar lo que decida el Consejo de Estado. Lo que es muy preocupante es que en casos como este de Supía, que podría ser el de cualquier otro municipio de Caldas porque en estas tierras los riesgos naturales son varios, las entidades nacionales desde Bogotá actúen como si nada grave estuviera sucediendo, mientras la población aquí tiene que vivir todos los días al pie del riesgo.