La nueva designación de rector en la Universidad Nacional es una radiografía de lo que sucede cuando hay un Gobierno que quiere imponer a como dé lugar su voluntad, aún sobre las facultades que conceden la ley y la Constitución de 1991. En tres meses, la Nacional ha tenido dos rectores en propiedad, que representan bandos distintos y por lo tanto cada uno carece del reconocimiento del otro, dentro de una institución de educación superior que debería estar concentrada en mejorar su calidad para graduar profesionales excelsos que contribuyan al desarrollo de este país.

La Nacional, al menos en su sede Manizales, perdió prácticamente este semestre, con los costos en funcionamiento y en lo que representa el atraso en una carrera profesional para los estudiantes y los padres de familia; además de afectar el semestre próximo. Todo por cuenta de no querer aceptar la elección de José Ismael Peña; designado en marzo por mayorías del Consejo Superior Universitario (CSU) de una terna que salió de consulta multiestamentaria, “que no es vinculante” como señalan los estatutos. Eso traduce que así se haya escogido a Peña, que no fue el de mayor votación entre los estamentos, se considera legal su elección porque no tendría sentido entonces haber llevado unos candidatos para que entre ellos escogiera el CSU, como siempre se ha hecho.

La oposición que a toda costa hizo el Gobierno nacional, que forma parte del CSU, logró imponerse sobre la autonomía universitaria, nombró como ministro ad-hoc de Educación al ministro de Cultura, Juan David Correa, quien llegó “ordenando” a través de una resolución que en 24 horas el CSU debía nombrar un rector encargado o de lo contrario impondrían millonarias multas a sus miembros. ¡Plop!, como utiliza Condorito, el ave convertida en personaje de las tiras cómicas. Pareció un chiste de mal gusto, pero fue realidad y lo hizo el Gobierno Petro pasando por encima del derecho constitucional a la autonomía que le asiste a esta Universidad.

Para completar, el jueves en una sesión extraordinaria del CSU, en la que participaron cinco de sus ocho miembros, fue nombrado como rector Leopoldo Múnera, el candidato del Gobierno y de los estudiantes, dejando la elección de Peña sin validez por haberse posesionado en una notaria, lo que la ministra de Educación, Aurora Vergara, nunca reconoció. Estas situaciones, que mandaron al traste todo un semestre académico, representan además someter a la Nacional al poder político del Gobierno Petro, y envía un duro mensaje a las otras universidades públicas del país en cuanto a qué es lo que sucede si no hacen lo que el Gobierno diga y quiera. Nada de autonomía universitaria, todo un ejemplo de intervencionismo.

Si el Gobierno aplicara de verdad los principios democráticos y la Constitución Política, habría esperado que sus demandas jurídicas las resolviera la justicia colombiana, sin afectar la vida universitaria y nacional, porque incluso en este tiempo encapuchados se tomaron calles de Bogotá y sedes en Manizales. Esta historia no termina, porque igual que el país, en medio de la polarización de bandos, los que están defendiendo la autonomía universitaria ya anuncian que interpondrán los recursos judiciales, penales y disciplinarios contra la elección de Múnera, y serán los jueces los que tengan la última palabra.