La polarización en Colombia parece un monstruo que ahora se instaura en la academia. Da cuenta de eso lo que viene ocurriendo en la Universidad Nacional de Colombia desde el 21 de marzo con la elección del rector, José Ismael Peña; designado por el Consejo Superior Universitario (CSU) de una terna que salió de consulta multiestamentaria, en la que habían quedado con mayor puntaje que él Leopoldo Múnera y Raúl Esteban Sastre. Sectores de la Universidad consideran ilegal que Peña haya sido el escogido por las mayorías del CSU, así esta instancia haya actuado conforme a sus facultades otorgadas para designar entre unos ternados, como apoyan otros sectores. Si se tuviera que elegir al primero en votación, no tendría sentido tener en cuenta la terna.

La Nacional se encuentra con labores suspendidas y la presencia de encapuchados intimidantes agravan la situación. Estos personajes hicieron su aparición el miércoles en el campus Palogrande de la sede Manizales, cuando se tomaron las dependencias administrativas. Si son estudiantes por qué tienen que actuar encubiertos. En ningún momento la universidad, donde se forman como profesionales, les impide expresarse; pueden hacerlo, pero dando la cara y sin vías de hecho que afecten la institucionalidad y a los ciudadanos.

La posición del Gobierno nacional, como parte del CSU a través del Ministerio de Educación, poco ha contribuido a resolver la delicada situación de la U. Nacional. Parece más bien que tiene intereses en que sea designado otro de los ternados como rector. La ministra Aurora Vergara solicitó a la Procuraduría investigar la elección, presentó una tutela para que se divulgaran las grabaciones de la sesión del CSU y anunció una demanda contra esta designación, a pesar de que la Procuraduría aseguró que fue legal y conforme a los estatutos internos de la Universidad.

Como si fuera poco, Vergara se declaró impedida para inspeccionar y vigilar el proceso, y el presidente Petro nombró como ministro ad-hoc de Educación al ministro de Cultura, Juan David Correa, quien el jueves “ordenó”, vía resolución, que en un término de 24 horas el CSU nombre rector encargado, y de no acatar esa medida se imponga una multa hasta de 100 salarios mínimos, unos $130 millones. ¿Dónde queda la autonomía universitaria, ese derecho constitucional que le asiste a la Universidad para autodeterminar procesos, entre ellos los democráticos como la elección de rector, ganancia obtenida en la Constitución de 1991?

La autonomía no puede funcionar solo para unos casos, debe ser para todo lo que le confiere la ley. Duro mensaje para todas las universidades públicas del país que no se acojan a lo que ordene el Gobierno nacional; se convierte en una imposición que afecta las libertades institucionales. Esto es intervencionismo, no se puede confundir con la inspección y la vigilancia que debe hacer el Mineducación. Quienes consideran que la elección del rector no acogió la ley, pueden acudir a vías judiciales para que el Consejo de Estado defina quién tiene la razón en derecho, pero el uso de las vías de hecho de facciones o del autoritarismo desde el Gobierno en un recinto donde debe imperar el diálogo, la dialéctica y la razón, es echar al traste con años de avances institucionales.