Unas medidas que sean equilibradas

La estrategia para enfrentar la amenaza del coronavirus Covid-19 en Colombia, consistente en la cuarentena hasta el próximo 13 de abril, por lo menos, implica sacrificios y costos de todo tipo en los que cada uno de nosotros debe aportar lo suyo. Un alto porcentaje del sector productivo se ve obligado a trabajar a media marcha, lo que tiene consecuencias en términos económicos para las empresas y también pone en aprietos a miles de trabajadores, y en términos sociales las repercusiones son grandes.

El principal problema está en el sector informal, del que hacen parte 5,6 millones de colombianos en edad de trabajar, de acuerdo con Planeación Nacional, cuyos ingresos dependen de lo que puedan conseguir en el día a día para su sobrevivencia. Con la gran mayoría de personas encerradas en sus casas, ese es el sector de la población colombiana que se encuentra más golpeado por estos días. Un solo dato ilustra la complejidad de la situación, y es que Manizales es la ciudad con la más baja informalidad en el país, y su índice es del 39%.

De ese porcentaje, los más pobres están cubiertos por programas estatales que significan algunos ingresos que les permiten tener lo mínimo para mantener sus hogares. Sin embargo, hay una amplia franja de ese porcentaje que, por tener habitualmente, mejores condiciones de vida no reciben ninguna ayuda estatal y que en una coyuntura como la actual, además de que se les cierran las posibilidades de ingresos económicos, no son considerados prioridad en los programas estatales de subsidios y apoyos de algún tipo.

En las últimas horas y días el Gobierno Nacional ha emitido una serie de decretos, bajo el amparo del Estado de Emergencia, que buscan atender el clamor ciudadano acerca de alternativas para que la cuarentena no implique que muchas familias tengan que aguantar hambre en el encierro. Un mal cálculo en este asunto podría generar problemas de orden público que es imperioso evitar. Hay anuncios de subsidios, de aplazamientos en pagos, de respaldo con alimentos y de fortalecimiento, en general, de los programas sociales, y en eso deben considerarse fundamentalmente a los más vulnerables, pero también a sectores de la clase media que se verán arrastrados a la pobreza si no se les brinda una mano.

Adicionalmente, desde la Casa de Nariño se toman determinaciones orientadas a descargar a las empresas de las fuertes presiones que están sufriendo a causa de las restricciones. En esto, el llamado es a que esas ayudas sean bien utilizadas, orientadas principalmente a proteger empleos y a mantener su viabilidad. Es clave que el sector productivo sufra lo menos posible para que pueda seguir siendo generador de empleo presente y futuro.

En la medida de lo posible hay que fomentar el teletrabajo, el adelanto de vacaciones para un porcentaje de empleados o, en casos más complicados, la autorización para suspender contratos (lo que no implica despidos) y otra clase de recortes de gastos que ayuden a mantener las empresas en funcionamiento. Hay que lograr, además, que los bancos amplíen sus propuestas de alivio a los créditos y demás servicios financieros, incluyendo periodos de gracia significativos, sin que ello implique reajustes de tasas ni deterioro de las condiciones crediticias.

Se necesita gran tacto y sabiduría desde las instancias nacionales para fijar reglas muy responsables en esta contingencia, en las que el sacrificio y los beneficios tengan criterio de equidad, y que no impliquen en el futuro desaceleración de la economía, como tampoco crecimiento de las desigualdades por las que sobresale Colombia en el contexto internacional. Por el contrario, es el momento de acortar distancias entre los extremos, y con solidaridad ayudar a mantener la confianza en un mejor futuro y en las posibilidades de recuperar el tiempo perdido muy pronto.