Mientras el Gobierno Nacional espera recaudar $6 billones este año como producto de la reciente reforma tributaria, un informe de la Contraloría General de la República reporta que en el periodo 2015-2016 se dejaron de ejecutar $10,7 billones provenientes de regalías. Eso evidencia que muchas veces los recursos públicos terminan guardados de manera inoficiosa, mientras que proyectos considerados prioritarios en muchas regiones se quedan sin financiación, cuando tales iniciativas podrían convertirse en factores de desarrollo y crecimiento económico. Vamos en reversa, si partimos de que entre 2012 y 2014 se dejaron de ejecutar $8,4 billones.
De acuerdo con el mencionado documento, presentado al Congreso de la República acerca del funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR), cerca de $6 billones se quedaron en el Tesoro Nacional y otros $4,7 billones terminaron en cuentas bancarias de las entidades territoriales, sin que se hayan concretado las inversiones a las que iban destinados. De esta manera, el único que gana con esta situación es el sistema financiero, cuando la permanencia de los recursos en él después de ser desembolsados por la Nación debería ser mínima.
Una ejecución de regalías de apenas el 61% durante el periodo que analiza el informe es un pobre resultado al que se le tiene que prestar más atención, para asegurar que los proyectos aprobados para recibir recursos se encuentren debidamente formulados y estructurados. Algunos podrían decir que es bueno que haya un ahorro que rente algunas utilidades mínimas, pero ante la escasez de recursos y la desaceleración de la economía, es absurdo que ese dinero no se esté convirtiendo en obras estratégicas que impacten favorablemente la productividad y competitividad del país. Peor aún es que la Contraloría informe que como producto de sus auditorías se tengan 657 hallazgos fiscales por $496 mil millones.
Para colmo, además de que no se ejecutan, la mayor parte de los recursos que sí se gastan se encuentran enfocados en gran número de proyectos pequeños, sin un gran impacto para las regiones. Esto, además lleva consigo el desgaste administrativo de presentar, aprobar y ejecutar iniciativas que no tienen mayores pretensiones, y eso mismo hace que haya muchos otros proyectos a la espera de ser tramitados y de recibir recursos. Como cada caso multiplica el trabajo en medio de los trámites burocráticos, cada vez hay más riesgo de que no se pueda llegar al cien por cien de la ejecución de los proyectos.
Tanta dispersión de recursos también facilita la corrupción. Esa fragmentación es inconveniente desde donde se le mire. Ojalá se entienda en las regiones que lo mejor sería apostarle a grandes proyectos estratégicos a los que también se les haga un mejor seguimiento y que, al final, impacten favorablemente en el progreso del país. Ahora también deberá pensarse en obras que ayuden a tramitar las necesidades del posconflicto, como vías terciarias, acueductos y escuelas, por ejemplo. También es fundamental que, a la luz de la reciente reforma al Sistema General de Regalías, no vuelva a ocurrir que el presupuesto de ciencia y tecnología no se use, cuando se trata de un asunto fundamental para fortalecer la educación y el sistema productivo.
En el caso de Caldas el problema es más delicado, ya que durante el 2015 y 2016 se ejecutó apenas el 21% de las regalías asignadas. Eso desnuda una grave debilidad a la hora de presentar proyectos bien estructurados, requisito que al multiplicarse en pequeñas iniciativas agrava el panorama. Hay una ineficiencia desmedida a la que hay que prestar mayor atención, muchas veces nos dedicamos a mendigar recursos a sabiendas de que hay muchos disponibles que no se están gastando como debería ser.
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