El presidente Iván Duque le propuso al país el pasado fin de semana, como ya lo había anunciado en su posesión, establecer un pacto sobre asuntos fundamentales y de esa manera salirle al paso al cúmulo de dificultades que afronta su gobierno. El pasado lunes el mandatario se reunió con los partidos políticos que lo acompañan y también con los que se han declarado independientes, con el fin de fijar la agenda de temas en los que se pueden lograr consensos. No obstante, desde ya se observan grandes dificultades, debido a la tendencia de mirar hacia el pasado en lugar de concentrarse en el presente y en el futuro.
De acuerdo con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, la idea es unir fuerzas en la lucha contra el narcotráfico, fortalecer la extradición y hacerle ajustes al proceso de paz. Si esas son las premisas del pacto podría afirmarse que en los dos primeros aspectos no habría mayor resistencia entre los partidos políticos y entre los colombianos, ya que la gran mayoría debe compartir la idea de que el narcotráfico ha sido el motor del conflicto armado y que la extradición de narcotraficantes debe aplicarse cada vez con más rigor.
No obstante, insistir en reformar al proceso de paz constituye un gran error, tal postura se convierte en un enorme lastre, que no ayuda a mirar hacia adelante y pensar en la construcción de un mejor país con la participación de todos. Por ejemplo, esa idea de restringir la participación política del partido Farc solo aporta a profundizar las divisiones y la polarización que nada bueno traen. Ya es un hecho que las objeciones a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) fracasaron en el Congreso y que muy seguramente la Corte Constitucional responderá que no hay lugar a cambiar dicha normativa, lo cual es coherente.
El presidente Duque y su gobierno deben entender que mientras instale su retrovisor no será posible el pacto que propone. De cara a las próximas elecciones tal vez sea taquillera la posición radical que ha esgrimido en el tema de la paz, pero los efectos para el país son perversos. Es claro que ese es el punto de mayor fricción con los opositores, y que la persistencia de esta administración en querer cambiar las reglas de juego solo hará que en lugar de avances en el país, haya retrocesos. De hecho estamos viendo que una economía que venía impulsada por el optimismo de un país en paz, empieza a verse frenada por el pesimismo que crece cuando la polarización se incrementa.
Tienen razón los líderes del Partido Liberal, Cambio Radical y la U cuando aseguran que es imposible un pacto nacional si los opositores son excluidos. No solo por el equívoco mensaje político que se le manda al país y a la democracia, sino porque cuando es el mismo gobierno el que divide en lugar de buscar la unión se generan sinsabores en gran parte de la población, los cuales terminarán agudizando el rechazo a como se viene manejando el Estado, y en ese ambiente de desconfianza arrastrando al país a excesos de cautelas y temores.
Todos sabemos que el factor confianza es clave para que una economía sea dinámica y crezca, y que cuando se pierde cae el consumo interno, se afectan las inversiones y los aires de crecimiento se tornan esquivos. En este momento el consenso debería basarse en el fortalecimiento de las instituciones, la protección de los líderes sociales, la implementación de los acuerdos de paz y la defensa de la confianza inversionista. En ese sentido, hablar de una posible constituyente sería el peor mensaje de todos, del cual todo el país saldría perdedor.
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