Un blindaje positivo

La decisión de la Corte Constitucional que blinda el Acuerdo Final entre el Gobierno y las Farc, para que todo aquello que se tramite en el Congreso de la República en su implementación no pueda ser cambiado en 12 años, significa un fuerte respaldo al proceso de paz y un paso que establece fuertes bases a la seguridad jurídica en el país. La incertidumbre generada por la posibilidad de que llegara un presidente que quisiera echar por la borda el resultado de las negociaciones de seis años con la guerrilla, queda así superada, y la obligación ahora es la de construir escenarios sólidos de convivencia y reconciliación, que es lo que más le conviene al país.
Que de manera unánime la Sala Plena de la Corte Constitucional se pronuncie en forma tan contundente constituye un mandato que debe ser respetado de manera integral. Esto quiere decir que lo tramitado y aprobado hasta ahora en el Congreso con relación a ese acuerdo ingresa al bloque de constitucionalidad, así como lo hará la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP), y las demás iniciativas que actualmente se discuten en el Legislativo y que se convertirán en leyes. Una decisión en sentido contrario habría generado un clima de incertidumbre que desencadenaría graves problemas a la puesta en marcha del Acuerdo.
"Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido", afirma la Corte de manera categórica. Bajo esta premisa es un hecho que la historia colombiana no podrá ir en reversa, y que el fantasma del eventual regreso al conflicto armado parece quedar bajo tierra. Para las negociaciones que actualmente se adelantan con el Eln también es positivo, ya que por extensión podría pensarse que un acuerdo con esa guerrilla, siguiendo la misma ruta que cumplió el que se hizo con las Farc, sería protegido bajo argumentos equivalentes.
Para las posibilidades de reactivar la economía, retomar el rumbo de la confianza y el optimismo y atraer inversión extranjera, el dictamen de la Corte también es una buena noticia. La seguridad jurídica que tanto se reclama en un Estado serio y coherente sale fortalecida, lo que debe ser reforzado con incentivos para esos capitales que podrían llegar a dinamizar la economía, generar empleo y brindar nuevas oportunidades a quienes hoy no encuentran opciones dignas para ser prósperos y legales. Ojalá se consolide esta buena consecuencia.
No es el momento para que ningún sector del país trate de promover caminos riesgosos e inciertos como asambleas constituyentes, que lo único que harían es mantenernos en ambivalencias que no convienen y que generan escepticismos y ánimo pesimista. Los excombatientes de las Farc también deben comprender que tendrán que ser juzgados cumpliendo de manera estricta con los principios de verdad, reparación a las víctimas y no repetición, pero que el fallo de la Corte los protege para que no se vean tentados a regresar a la guerra, por difíciles que sean las etapas que vienen para la implementación de los acuerdos. 

La importancia del fallo también radica en la confirmación del Congreso de la República como un mecanismo apropiado para refrendar e implementar cada uno de los aspectos contenidos en el Acuerdo Final. Queda, desde luego, la difícil tarea de avanzar en la construcción de una paz real y sostenible, en lo que cada uno de los colombianos debemos ser aportantes directos. La idea es que en 12 años, cuando se acabe ese blindaje, todos podamos afirmar sin lugar a dudas que el paso dado hacia la paz fue el correcto y que el país se proyecta de manera ejemplar hacia el resto del mundo.