La determinación del Juzgado Octavo Administrativo de Manizales de suspender provisionalmente las licencias de construcción del proyecto de vivienda de interés social Alegra, que hace parte de la Urbanización Tierraviva Biociudadela, deja en vilo las posibilidades de desarrollo de ese polémico complejo residencial, que ha despertado la oposición de distintos sectores ciudadanos que piensan que la llamada Reserva de Río Blanco se verá afectada si la construcción sigue adelante.
La Curaduría Urbana 2 emitió a favor de la Constructora CFC&A sendas licencias el 31 de mayo y 22 de junio del año pasado, pero producto de una demanda impulsada por el biólogo Juan Gabriel Arango Martínez, con el apoyo de la oficina de Jaime Granados & Asociados, el juez decidió establecer medidas cautelares que, de acuerdo con el constructor Felipe Calderón Uribe, serán enfrentadas con argumentos jurídicos en próximos días. El presidente de la firma constructora considera que el Plan Parcial La Aurora sigue firme, por lo que garantizarán a los clientes la inversión que hicieron en vivienda.
Es lamentable que este asunto haya llegado al punto en que se encuentra, donde hay una innegable afectación económica para el constructor, una gran incertidumbre para quienes decidieron invertir sus ahorros en ese proyecto y un potencial daño ambiental que todavía no ha sido analizado a fondo para establecer los reales alcances. Hay una demora excesiva en resolver una acción popular presentada hace seis años, y las arandelas jurídicas que han venido surgiendo a lo largo del camino requieren fallos prontos, que aporten claridad diáfana acerca del futuro de esta situación.
La percepción que hay es que la constructora tiene unos derechos adquiridos, por contar con vistos buenos de la Administración Municipal de tiempo atrás, acoplados a la ley, y adicionalmente en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado el año pasado y ratificado recientemente por el Tribunal Administrativo de Caldas, se avala que el plan parcial puede desarrollarse pese a que la zona de expansión de La Aurora haya sido abolida. 
Desde el punto de vista ambiental, la constructora asegura que en ese sector vivirán unas 8 mil 800 personas en los 2 mil 220 apartamentos. Que de las 35 hectáreas del proyecto, el 67% es para bosques y zonas verdes, 7% para edificios y locales, 20% para vías y 6% para cesiones de equipamiento colectivo. Ambientalistas que se oponen a que en ese lugar del oriente de la ciudad haya viviendas señalan que el hecho de que se establezca allí una comunidad tan grande tendrá efectos dañinos para la reserva de la que se toma buena parte del agua que se consume en los hogares manizaleños. 
Esa es, sin duda, una preocupación válida en el contexto de un planeta que cada vez sufre más con los efectos del Cambio Climático y con la contaminación de las fuentes hídricas, pero no es algo que pueda tomarse como un hecho cumplido, cuando la constructora también ha mostrado que el proyecto tiene características bastante amigables con el entorno verde, e incluso podría convertirse en paradigma de sana convivencia entre los seres humanos y la naturaleza, como debe ser. Considerar que la sola presencia de seres humanos allí es un factor determinante para acabar con las virtudes ambientales de la Reserva suena excesivo. 

Ojalá todos nuestros hábitats fueran una limpia simbiosis entre la acción humana y las riquezas naturales, donde las prácticas culturales y la educación compartida estén siempre enfocadas en el cuidado ambiental; una visión contraria podría llevar a radicalismos en los que las personas se queden sin la posibilidad de gozar de los beneficios del entorno natural. En esto debe tenerse equilibrio, sin fanatismos. Qué bueno sería que en el futuro Manizales pueda ser una ciudad-parque en la que los ciudadanos convivamos de manera pacífica con la naturaleza, sin que ello se considere un atentado ambiental.