Respeto al cese

El reconocimiento del crimen del líder indígena Aulio Isarama Forastero y el perdón pedido por el Eln por esos hechos no logran esconder la gravedad de lo ocurrido el 25 de octubre pasado en el resguardo Catru Dubaza y Ancoso, del municipio de Alto Baudó (Chocó). Si existe un compromiso para un alto al fuego bilateral temporal desde el pasado 1 de octubre, este tipo de acciones llevan a minar la poca credibilidad que esa guerrilla tiene entre los colombianos y podría motivar que el Gobierno Nacional opte por no continuar adelante con tal pacto, que estaría siendo violado sin escrúpulos.
Emitir comunicados en los que justifica la acción violenta, supuestamente porque Isarama "tenía relación con la inteligencia militar" y que tras interrogarlo habría ocurrido un forcejeo que terminó con el homicidio, lo único que hacen es generar más rechazo de la sociedad colombiana. Un cese como el que está pactado también significa que nadie de esa guerrilla puede secuestrar a ninguna persona para interrogarla por motivo alguno, por lo que su asesinato hace todavía más grave una conducta que no ayuda en nada a avanzar de manera real y concreta en el proceso de paz. Además, demuestra que la supuesta voluntad de acabar el conflicto armado podría ser falsa.
Aunque lo exprese, cuesta creer que el Eln lamente "profundamente" lo ocurrido y resulta sorprendente que asegure que los guerrilleros que secuestraron al líder indígena "no tenían autorización" para cometer el asesinato. ¿Tenían, entonces, permiso para privar de la libertad a Isarama e interrogarlo? Eso ya es una violación al cese bilateral que no admite disculpas tan destempladas. En este marco, las palabras de perdón a los familiares del indígena parecen impostadas. La única manera de demostrar que tal sentimiento es real es cumplir con su palabra y no continuar manejando discursos paralelos entre sus acciones y la mesa de negociación en Quito (Ecuador).
Se requieren posiciones más contundentes desde la cúpula de esa guerrilla en las que condene lo sucedido y se confirme un fuerte llamado de atención a todas sus estructuras para que no pongan en riesgo la negociación. También se hace urgente que se refrende ese compromiso de poner fin a las hostilidades, y que no haya ni el más mínimo lunar en ese sentido en las semanas siguientes, ya que este tipo de situaciones son solo obstáculos que alejan la posibilidad de un acuerdo. El mecanismo de seguimiento y verificación del cese el fuego tiene que hacerse sentir ante este repudiable crimen.
De hecho, la justicia ordinaria colombiana tiene el deber de investigar a fondo lo ocurrido y emitir condenas en contra de los responsables del asesinato, y ojalá capturarlos y llevarlos a prisión. De acuerdo con lo previsto en la negociación, el crimen tendrá que ser analizado por quienes hacen parte de la mesa en Quito, y de allí saldrá un pronunciamiento al respecto. Esperamos que sea una abierta condena a este tipo de acciones y el compromiso férreo de no repetición, ya que cualquier otro acto similar podría llevar a que vuelva a frustrarse la esperanza de paz con esa organización subversiva.

El oficio de la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazando el crimen también tiene un importante significado, porque así la comunidad internacional se muestra vigilante de lo que ocurre en estas conversaciones, comenzadas el pasado 7 de febrero con la ilusión de dejar atrás 52 años de guerra. Ahora bien, es necesario persistir en las vías del diálogo y tratar que lo más pronto posible se anuncie que ya hay un acuerdo definitivo y que no hay reversa.