Reformar la justicia, sin desespero

La justicia colombiana, sin duda, está atravesando por un difícil momento que exige una reacción sensata: en lugar de acabarla de hundir es fundamental actuar con rapidez y cordura para impulsar las reformas que son necesarias. En este sentido sigue vivo, aunque ya agonizante, en el Congreso de la República un proyecto de reforma que deberá recibir el respaldo de las plenarias de Cámara y Senado antes del 20 de junio, para continuar su trámite de segunda vuelta en la próxima legislatura y volverse ley a finales del año.
La renuncia de la jurista Gloria María Borrero al cargo de ministra de Justicia, y el rápido nombramiento de la magistrada Margarita Cabello como su reemplazo debe servir para dar un nuevo aire a esa iniciativa, en la que ya hay varios consensos con las distintas cortes y tribunales para emprender cambios considerados fundamentales. Por un lado, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), que nació con la idea de ser un ente administrador de los recursos de ese poder público y regulador de la profesión de abogado, pero que terminó convirtiéndose en nido de politiquería y corrupción.
Otro asunto clave en el que hay acuerdo con las cortes es la eliminación de sus funciones electorales, las cuales se han prestado para pagar favores políticos y corromper a algunos agentes de justicia, que haciendo uso de la puerta giratoria y otras mañas han llevado a que se tergiverse el objetivo del poder judicial. Así mismo, hay medidas que apuntan a acercar la justicia a los ciudadanos, para que haya juicios rápidos y eficaces que resuelvan numerosos pleitos que ocasionan toda clase de traumatismos cuando se dilatan y no avanzan con la agilidad necesaria.
Así que antes que tratar de ver en lo que está pasando una hecatombe y pretender que la única salida es una asamblea constituyente que podría conducir al país a empeorar las cosas en distintos ámbitos de la vida nacional, debe hacerse un nuevo esfuerzo para sacar adelante esa reforma, o si es el caso retirarla y empezar a estructurar un nuevo proyecto que contenga todos los temas de fondo que es importante transformar en la justicia. Ya partidos como el Liberal y Cambio Radical han mostrado interés en dichos cambios, y en general el mundo político afín al gobierno y de la oposición es consciente de la urgencia de tomar medidas en el marco de la democracia.
Es cierto que durante esta década se han hecho varios intentos para ejecutar esas reformas, los cuales no han logrado prosperar, y que tal situación sirve de argumento a quienes piensan que en el Congreso de la República otra iniciativa de este tipo no tiene futuro, pero el camino institucional para lograr avances tiene al Legislativo como protagonista. Lo fundamental es que el país está sensibilizado y que están identificados los puntos neurálgicos que requieren transformaciones, en varios de los cuales ya hay consenso. Esa es una ganancia que no puede echarse caprichosamente por la borda.

Además, no puede olvidarse que lo más importante es que los cambios en la justicia estén orientados a prestar un mejor servicio, más cercano, a los ciudadanos con transparencia y oportunidad, y que en momentos de crisis la prioridad es proteger las instituciones y fortalecerlas, no derrumbarlas. La posibilidad de acometer esta tarea de manera responsable es total y solo es necesario que a la luz de la Constitución Nacional se trabaje para generar un poder judicial sólido, libre de interferencias de cualquier orden, independiente, debidamente financiado, eficiente y alejado de la corrupción, y donde se recupere el valor fundamental de majestad de la justicia.