Un informe dado a conocer recientemente por el Ministerio del Interior dio cuenta de 610 hombres y mujeres que denunciaron ser víctimas de trata de personas en el país entre el 2013 y el 2019. Lo más complejo es que solo entre enero y septiembre del año pasado se reportaron 95 denuncias, superando inclusive la suma del periodo entre el 2013 y el 2016. Esa cifra, sin duda, también refleja un gran subregistro de una situación que no puede menospreciarse y que afecta gravemente a familias enteras que sufren las consecuencias de ese delito, cometido con la participación de redes internacionales de criminales.

La explotación sexual sigue siendo la principal finalidad de la trata de personas, de acuerdo con ese informe, en el que también se establece que el 90% de las personas afectadas son mujeres y el 10% restante, hombres. Estos últimos en su mayoría son reclutados para trabajos forzados. Los matrimonios forzados son otra de las situaciones en las que se ven involucradas las víctimas. También se establece allí que el delito de trata de personas, en un 19%, tuvo lugar en territorio colombiano, mientras que la gran mayoría se produjo en el exterior. En este último caso, Argentina, México, China, Catar, Ecuador, Perú, España y Corea del Sur son los países en los que se tienen más denuncias.

De acuerdo con las Naciones Unidas, la trata de personas es “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas […] con fines de explotación”. Además, según el Global Financial Integrity (GFI), centro de investigaciones de Washington, es el tercer delito más lucrativo del mundo después del narcotráfico y la falsificación. Lamentablemente para nuestro país, las colombianas son consideradas de alto valor en este negro mercado de la prostitución, en el que la clandestinidad hacen muy difícil conocer a fondo la real dimensión del problema.

Recientemente conocimos el caso de un barbero manizaleño, Israel Claudio Vásquez, involucrado en este delito, quien con la ayuda de su esposa y otras cómplices habría engañado a cerca de 130 mujeres de Manizales, La Dorada, Villamaría y Neira, quienes terminaron ejerciendo la prostitución en Chile, pese a que supuestamente irían a ganar cerca de $30 millones mensuales en trabajos dignos de servicios generales. Vásquez pagará 5 años por este delito en el país austral, pero debería ser pedido en extradición para que sea juzgado por sus delitos en Colombia, y sobre todo para que las mujeres afectadas reciban una restitución de derechos. Hay que buscar la manera de que las personas afectadas puedan regresar a tratar de recomponer sus vidas.

Frente a este fenómeno, vale la pena resaltar las advertencias de expertos en esta clase de crímenes, quienes advierten que hay que informarse muy bien antes de aceptar invitaciones que parecen muy buenas, pero que en el fondo se pueden convertir en verdaderas pesadillas. Hay que tener especial cuidado con las redes sociales, en las que organizaciones delincuenciales actúan en búsqueda de víctimas para lucrarse en todos los sentidos. Incluso, ante esta clase de ofrecimientos que no tienen mucha lógica lo pertinente es acudir a la Policía o la Fiscalía para que se investigue la veracidad de tales ofertas. Hay que ser, en estas cosas, muy desconfiados y astutos, y poder así salir adelante a los delincuentes.

Se necesita en Colombia, y específicamente en nuestra región, tomar mayor consciencia alrededor de la peligrosidad de la trata de personas, y aprender a identificar a los miembros de esas redes macabras. Hay que también perder el miedo a denunciar, pese a todas las amenazas que esos delincuentes puedan hacer a sus víctimas. Si hay una rápida acción social y también de las autoridades contra esas mafias será posible derrotarlas y frenar la posibilidad de que sus crímenes sigan causando dolor a cientos de familias.