La realidad sanitaria de las cárceles colombianas es deficiente desde hace tiempo. El hacinamiento y las precariedades higiénicas son caldo de cultivo para toda clase de patologías que se vuelven foco de problemas para la salud pública. Es solo recordar lo ocurrido en la Cárcel La Blanca de Manizales hace unos años, cuando un brote de tuberculosis puso en aprietos a esa penitenciaría. Hay casos aún peores en las principales prisiones de Colombia, en donde hace rato se superó el límite de población carcelaria tolerable. De hecho, en meses pasados la cárcel La Modelo de Bogotá afrontó un brote de paperas que afectó a numerosos internos.
El temor ocasionado por la llegada y expansión del coronavirus Covid-19 al país, generó un motín de proporciones incontrolables que el domingo a la madrugada causó 23 muertos y cerca de 90 heridos en La Modelo. Dos días antes, en Santiago de Chile, donde también cunde el miedo por el rápido avance de la enfermedad, se registraron desórdenes e incidentes que, por fortuna no dejaron muertos, pero que sí evidenció el desespero de quienes estando privados de la libertad saben de la amarga situación sanitaria en la que viven.
Lo ocurrido en el penal bogotano, a la luz de los resultados, fue un hecho dantesco que enluta a dos docenas de familias que resultan ser víctimas indirectas del coronavirus. Ahora bien, también es verdad que una de las primera medidas adoptadas hace ya cerca de dos semanas para cerrar la posibilidad de acceso de la enfermedad a los penales, fue terminar las visitas conyugales y familiares, por cerca de 20 días. El desespero de los reos parece hacerse incrementado por la restricción al ingreso de fundaciones y redes de apoyo, que antes eran cotidianas, por lo cual dejaron de tener contacto con el exterior. A muchos también se les dañaron sus negocios criminales.
Además de lo anotado, también pudo ser detonante de lo ocurrido en La Modelo el presunto oportunismo de los reclusos del patio 4 (reincidentes) para robar a los del patio 3 (delincuentes financieros), según ha trascendido. Un masivo intento de fuga, como lo señaló la ministra de Justicia, Margarita Cabello, es otro ingrediente de la explosiva situación. Lo más sorprendente de lo ocurrido fue que algunos internos hayan logrado acceder a municiones exclusivas de la fuerza pública, lo cual llevó a que la batalla con la guardia haya dejado tantos muertos.
Tratar de ocultar las condiciones precarias de la salubridad en las penitenciarías es querer tapar la realidad con un dedo. En un momento como el actual es fundamental aceptar tales deficiencias y actuar, para evitar que lo avanzado en las diversas medidas de contención del coronavirus en el país se vea afectado por fallas en las medidas de control y prevención en las cárceles. El mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reconoce que hay 180 mil reclusos para un cupo de 70 mil, lo cual no es para nada sinónimo de aceptables condiciones higiénicas. 
Esas razones, entre otras, llevaron a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y a la Alcaldía de Bogotá a pedir que se decrete una emergencia carcelaria para proteger a los presos mayores de 60 años, por ser los más vulnerables al coronavirus; serían unas 3 mil personas en todo el país. También preocupa que un tercio de los prisioneros llevan meses y hasta años sin que se les resuelva su situación judicial, por lo que son posibles inocentes expuestos a condiciones de vida inhumanas. El nuestro es uno de los sistemas de justicia más lentos de la región, de acuerdo con estudios del Banco Mundial, algo que tampoco puede ocultarse.