Grupos armados ilegales fueron los responsables en los 90 y en la primera década de este siglo de cientos de muertes de civiles, en medio del conflicto armado que nos azotó a los colombianos y, desde luego a los caldenses, de manera despiadada. La región occidental de Caldas, donde están ubicados varios resguardos indígenas embera chamí, fue escenario lamentable de acciones de guerra que dejaron decenas de muertos y desaparecidos.
Esta semana, por primera vez, representantes de las víctimas indígenas de esa región, tuvieron la oportunidad de llevar a instancias de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y a la Comisión de la Verdad, todos los documentos que evidencian las actuaciones de grupos armados ilegales, como guerrillas y paramilitares, pero también de agentes del Estado que se desviaron de su misión de proteger a los ciudadanos para, por el contrario, atacarlos.
Está claro que, en solo dos años, entre el 2001 y el 2003, se registraron 104 homicidios de indígenas por situaciones ligadas al conflicto armado. Los paramilitares mataron a 43 indígenas, otros 4 las Farc y 57 asesinatos fueron cometidos por grupos que todavía no han sido identificados; una verdadera tragedia. Además, desde antes, están documentadas 13 masacres entre 1988 y 2008, en las que se observa una clara directriz en contra de importantes líderes de estas comunidades, establecidas principalmente en Riosucio (Caldas).
De acuerdo con la versión de los pueblos indígenas de la zona, las razones de la violencia en su contra tienen que ver con que ocupan una zona geoestratégica para el paso de agrupaciones criminales, al ser una especie de corredor entre los departamentos de Caldas, Risaralda, Chocó y Antioquia.
También, por ser un territorio con riqueza minero-energética es apetecido por multinacionales, así como por quienes impulsan actividades mineras ilegales; además, su creciente presencia en la política regional los convierte en amenaza para el poder tradicional de los políticos de la zona. Esos son los puntos que deberá analizar la JEP para acercarse a la verdad, o ver si hay otros factores que hayan incidido en lo ocurrido.
Sin duda, estas comunidades han sufrido persecución y atropello de derechos humanos, varios de sus principales líderes han terminado asesinados, sin tenerse aún certeza de los autores intelectuales de esos hechos. El propósito actual es poder llegar a esa verdad, no para dar alas a una posible venganza y atizar la hoguera, sino para facilitar los procesos de verdad, justicia transicional, reparación y no repetición, y hasta inclusive acercarse a una posible reconciliación. Esa es la paz verdadera que se necesita.

Ya era hora que se pusiera los ojos sobre lo que había ocurrido en Caldas durante esos años aciagos en los que la violencia acabó con la tranquilidad de tantas familias en diversos puntos de la geografía del departamento. Además de lo ocurrido con los pueblos indígenas es fundamental que se avance en esclarecer lo ocurrido en numerosos municipios del norte y oriente caldense, principalmente, y acercarse a entender ese absurdo conflicto que tiñó de sangre nuestro territorio durante tantos años. Esa es una situación que no podemos permitir que se repita.