Las urgencias manifiestas que han decretado las alcaldías y gobernaciones por motivo de la pandemia por la covid-19 no puede ser un argumento para saltarse la obligación de cumplir con el principio de la selección objetiva. Esta es una figura creada por la ley para atender situaciones imprevistas y que permite mover los presupuestos públicos sin tantas formalidades. Es decir, ante una necesidad apremiante, la ley abre espacio para agilizar trámites, pero en ningún caso es una autorización para hacer contratos de cualquier manera. Ya en varias oportunidades los jueces han advertido que esta figura no puede ser sinónimo de desparpajo contractual.
Por lo anterior nos llama la atención lo sucedido en la Dirección Territorial de Salud de Caldas, en donde se contrató con una empresa sin ninguna experiencia previa en temas de salud para que proveyera nueve respiradores para la atención de pacientes covid, que al final resultó mal. En un tema tan delicado como el que estamos viviendo, resulta por lo menos sospechoso improvisar de esta manera con los proveedores. En este caso se dirá que optaron por la propuesta más económica, como lo demuestran las cotizaciones, pero no necesariamente era la más idónea. La situación no resultó bien en el segundo de dos contratos, lo que obligó a que seis equipos que se iban a destinar al Hospital San Marcos fueran devueltos y dar por terminado el contrato de mutuo acuerdo, toda vez que lo entregado no correspondía con lo ofrecido. Son equipos que ya no se fabrican.
Hay que tener en cuenta que la salida intempestiva de la directora de la Territorial, Ximena Aristizábal, se dio en un momento en el que la comunidad y otros sectores le valoraban su profesionalismo y empeño en el trabajo por contener la pandemia. Parece que en lo administrativo aún no había afinado, pero también sabemos que llegar a la Administración pública tiene un costo en tiempo para el aprendizaje y es necesario darles la oportunidad a los funcionarios de acomodarse, entender, aprender y actuar. Es un proceso normal. No obstante, ella prefirió salir en un momento para no comprometer su integridad, dijo, con lo cual dejó en el ambiente que hay fuerzas internas o superiores en la Territorial, que ni quien está a la cabeza puede controlar.
La Gobernación de Caldas ha mantenido un discurso y hace alarde de ello, de cómo ha puesto su empeño en lograr procesos más transparentes. Esto lo inició el anterior gobernador, Guido Echeverri, y ha sido también constante en las declaraciones del actual mandatario, Luis Carlos Velásquez. No obstante, los procesos aplicados en varias dependencias, los software adquiridos para reducir los riesgos de corrupción, la publicidad dada a la mayoría de contratos y el intento por ingresar al Secop 2, plataforma mucho más exigente en términos de probidad para los contratos, parece que no llegan a la Dirección Territorial, entidad sobre la que el proyecto Lupa a la Contratación, de LA PATRIA y de la Corporación Cívica de Caldas, ha llamado la atención en varios momentos.

La Territorial, como lo demostramos en un informe anterior, sufre de contratitis directa, tanto de personal como de implementos y equipos. El alto número de contratistas a término fijo, con tiempos cortos, sabemos todos, es una opción que tienen los jefes políticos para mantener amenazado al personal con que pueden perder el puesto. Es tiempo ya de que la Gobernación asuma el mando en la Territorial de Salud y muestre que allí también llegan los protocolos de transparencia. Es un objetivo que puede imponerse el nuevo director, lo que sería bastante. Si en algún momento hay que cuidar los recursos públicos es este y Caldas puede dar un paso adelante, pero esto no se va a lograr si se improvisa con contratistas o se presiona a los directores para firmar contratos sospechosos. No hay más largas para la Territorial.