El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, alcanzó en octubre pasado la votación más alta por un mandatario de la ciudad en toda su historia. Fue un resultado sorpresivo, inclusive, para Marín, quien completa 7 meses en el cargo. El joven alcalde, durante su campaña, fue un duro crítico de la corrupción y de las prácticas alejadas de la ética en la administración pública, por lo que la expectativa general es que su gobierno sea limpio, transparente y con el convencimiento de que los recursos públicos son sagrados y deben ser manejados con honestidad a toda prueba.
Contrario a lo que pueden pensar algunos, cuando un servidor público es acompañado masivamente en las urnas, más que privilegios esa persona adquiere responsabilidades, deberes, el compromiso total de cumplir lo prometido en campaña. Sus seguidores fijan en ese líder altas expectativas que no pueden ser traicionadas. Hacer lo contrario significa engañar a quienes creyeron en sus promesas y el resultado puede ser una enorme frustración social.
El buen político tiene que ser coherente entre lo que pregona en su discurso y los actos que ejecuta, hacer lo contrario no solo es darles argumentos a sus opositores para la sana crítica democrática, sino deslegitimar las propuestas y programas con los cuales sale elegido. Un funcionario público tiene que estar abierto a oír las voces contrarias y a ser objeto de debates por todo tipo de razones, y sus respuestas a cualquier reparo, así lo considere insignificante, exagerado o inapropiado, deben ser siempre prudentes, reposadas, entendiendo que tiene que estar dispuesto a una permanente rendición de cuentas.
Por eso, es reprochable que Marín, asegure que como alcalde puede pagarles a sus funcionarios inmediatos lo que él quiera. El erario no es propiedad de un mandatario en ningún nivel, el gobernante es solo su administrador y debe hacerlo con criterio, transparencia y respetando el ordenamiento legal. La voluntad del gobernante en materia de contratación, así esté llena de buenas intenciones, tiene que ajustarse a claros lineamientos, pues se trata de recursos públicos. Invitamos al alcalde Marín para que reflexione y corrija cualquier comportamiento que esté alejado del propósito con el que llegó.
Tampoco está bien, si es cierto, que un particular sin responsabilidades específicas en la administración use espacios oficiales como oficinas, o que, supuestamente, dé órdenes o instrucciones en instancias en las que el alcalde solo puede ser representado por otros funcionarios de alto nivel, como los secretarios de despacho. Peor, si ese particular tiene lazos familiares con algún funcionario cercano al mandatario. Un alcalde, en un sistema democrático, está obligado a regirse por normativas orientadas a que sus actos oficiales sean claros, que no generen confusión.

Ahora bien, es natural que un gobernante se haga rodear de personas de su confianza, de profesionales que además de cercanía en ideas y otras afinidades tengan capacidades comprobadas para ejercer los cargos. Sería iluso obligar a un alcalde a conformar un equipo con personas que le sean ajenas y distantes, así sean las más idóneas, pero el mandatario debe evitar caer en situaciones que puedan ser mal interpretadas. Incluso, desde un punto de vista meramente técnico de la administración es inconveniente que miembros de una misma familia ocupen cargos en los que se puedan generar conflictos de interés, sin que ello implique en este caso, necesariamente, un acto de corrupción. Lo único que pedimos es coherencia y sensatez.