Una minería mal llevada es la causante de múltiples males, frente a los cuales el Estado se ve limitado para reaccionar. De hecho, en los años recientes se ha visto un avance exagerado de la ilegalidad en la extracción de minerales, la cual es causante de enormes males para el medioambiente, la economía, la seguridad y para la salud pública, inclusive.
Además, como lo señaló un informe publicado el pasado fin de semana en este diario, en los seis últimos años murieron 65 personas en accidentes mineros en Caldas. Este año se contabilizan cuatro, todos en Riosucio. Como si fuera poco en Marmato, Arauca (Palestina) y Anserma se han atendido este año 32 accidentes mineros, por fortuna sin víctimas fatales.
Lo peor de todo es que no se ven soluciones a la vista, por el contrario, cada vez el panorama se ve más deteriorado. Lo ocurrido en Norcasia hace dos semanas, cuando tres personas fueron asesinadas en medio de una disputa territorial por la explotación minera en yacimientos ilegales, evidencia los crecientes problemas de orden público que trae consigo esta actividad, cuando se da en condiciones que están por fuera de la supervisión estatal. Las capturas de mineros ilegales van en aumento; en La Merced, Norcasia, Supía y Riosucio se contabilizan 116.
De acuerdo con expertos, las prácticas ilegales de minería vienen acompañadas, generalmente, de extorsiones, homicidios, tráfico y microtráfico de drogas, explotación infantil, prostitución, desplazamiento forzado, aumento de la pobreza, violación a derechos laborales y contaminación de quebradas y ríos con sustancias peligrosas como mercurio y cianuro, entre otras. Resulta ser un coctel de toda clase de daños en diversos aspectos, cuyas soluciones deberían ser prioridad para el Estado.
Lastimosamente hay muchos intereses en juego que ponen obstáculos a los posibles remedios a esta situación irregular. De hecho, en casi todos los operativos policiales que se ejecutan, caen quienes trabajan allí, pero los dueños de las maquinarias y de todo el negocio ilegal, como tal, logran evadir sus responsabilidades. Para ellos es sencillo explotar a personas pobres de las regiones y, cuando se les daña el negocio en un lugar determinado, van a otros a seguir apropiándose de la riqueza del subsuelo y a generar todos los daños posibles inherentes a esta actividad ilegal.
Como el límite entre la minería ilegal y la artesanal ancestral es muy delgado, grandes capitales oscuros aprovechan la confusión para ofrecer empleo a mineros tradicionales, quienes quedan en el limbo de la ilegalidad, pese a desarrollar el trabajo que siempre han tenido. Así, la minería ilegal solo se convierte en rentabilidad para criminales que se hacen acompañar por ejércitos que siembran el terror entre las comunidades y que causan múltiples problemas a las autoridades. 

Hay que buscar los mecanismos que le permitan a los mineros tradicionales formalizarse y que, con ello, dejen de estar expuestos a que las mafias los utilicen como lo vienen haciendo. Además, hay que garantizar la seguridad industrial en sus actividades, ya que es inadmisible que cada año mueran tantas personas en los socavones por no contar con las protecciones necesarias.