Ayer se cerró el registro, en su primer año, de proyectos estructurados al programa de obras por impuestos, dirigido a las Zonas Más Afectadas por el Conflicto (Zomac), lo cual corresponde a una estrategia para incentivar la vinculación de los empresarios en las soluciones a los problemas que han sufrido por décadas amplias zonas del territorio colombiano, al mismo tiempo que descuentan impuestos. Este es un modelo importado del Perú, donde viene arrojando valiosos frutos. De acuerdo con el Gobierno Nacional el total de las iniciativas en el país sumarían recursos cercanos a los $2 billones en su primer año, cuya inversión debe ser muy eficiente bajo esta modalidad. En Caldas las obras por este concepto, registradas ante la Agenda de Renovación del Territorio (ART) ascenderían a los $37 mil millones, según cifras preliminares.
Vías, acueductos y alcantarillados concentran la mayor parte de las obras que pretenden impulsar los empresarios colombianos en diversas regiones del país (65% de las iniciativas). También hay proyectos en educación, generación de energía y salud pública (el restante 35%). En todos los casos las propuestas tienen que contar con sustentos técnicos y de pertinencia para darles luz verde, tomando en cuenta que encajen en necesidades reales de las comunidades y que representen un impacto favorable para atacar la pobreza en el país, sobre todo en 16 subregiones que corresponden a 334 municipios que han sufrido con mayor rigor la guerra durante medio siglo. Todas estas obras van a beneficiar al mismo sector productivo, que puede con los recursos de sus impuestos actuar de manera directa en las obras de desarrollo que mejoren su entorno.
Es fundamental que desde el Estado haya un adecuado seguimiento a la ejecución de estos proyectos, de tal manera que se verifique no solo que se cumple con lo previsto, sino que tienen la calidad suficiente para prestar la utilidad que se espera. En Caldas tenemos que estar atentos a que las obras planteadas en municipios como Anserma, Belalcázar, Marulanda, Norcasia, Palestina, Pensilvania, Riosucio, Risaralda y Samaná culminen de la mejor manera, y ojalá muchos más empresarios miren hacia las comunidades más alejadas y vulnerables con el propósito de alcanzar una mayor calidad de vida general. No solo se trata de un asunto de reputación, sino de mejorar las condiciones de progreso de comunidades que más adelante pueden ser factores de crecimiento para las mismas empresas.
El objetivo a 15 años, tiempo en el que está previsto que se desarrolle el proceso de implementación de los acuerdos de paz, cuyo costo total se calcula en $129,5 billones, es que el programa de las Zomac aporte recursos significativos que ayuden a no solo sacar de pobres a millones de colombianos, sino a generar una mayor equidad que se traduzca en prosperidad en todo el país. Como el ítem que más demandará recursos en esta implementación es el agrario, se espera que aparezcan más proyectos de impacto comunitario en este sector, que es además el más promisorio siguiendo el camino agroindustrial. Cada año, los empresarios podrán presentar nuevos proyectos que busquen llevar el desarrollo a lugares que tradicionalmente han estado abandonados. 

En este sentido el Gobierno Nacional debe ser cauto para que las políticas estén encaminadas de manera coherente con el Plan de Desarrollo y con las dinámicas de crecimiento en las que trabaja el sector privado. Medidas como la de establecer contratos de compra de leche en las Zomac a un precio más bajo si es para exportación, como se decretó, podría afectar a organizaciones como la Asociación de Productores de Leche (Analac), que verían disminuidos sus ingresos. Este tipo de políticas deben ser concertadas y calcular los impactos en el mercado, porque la búsqueda de beneficios para unos no puede ir en detrimento de otros.