El aún senador Richard Aguilar, quien llegó al Congreso por el partido Cambio Radical, ha preferido renunciar al Senado para tratar de evadir a su juez natural, la Corte Suprema de Justicia. Como ya lo hizo en el pasado el exsenador Álvaro Uribe, quien también renunció para evitar la Corte, buscará un trato más favorable en la Fiscalía. Los hechos de corrupción en el departamento de Santander, donde como gobernador habría sido el cerebro de varias acciones delictivas para desviar recursos públicos, llevaron a su captura la semana pasada.
Tal parece que las pruebas aportadas por la exsecretaria de Infraestructura de Santander Claudia Toledo (capturada en octubre del 2018), tras su preacuerdo con la Fiscalía, parecen ser sólidas con respecto a las supuestas coimas que llegaban a manos de Aguilar, tras la adjudicación de millonarios contratos entre el 2014 y 2015. Es el caso del reforzamiento del estadio de Bucaramanga, cuyo contratista, Alfonso López, confesó haber entregado dinero a Toledo para poder quedarse con el contrato.
Este episodio afecta de manera directa a Mauricio Aguilar, actual gobernador de Santander y hermano del senador preso. Hasta antes de su captura era evidente la ascendencia de Richard sobre Mauricio y la cercanía del congresista al gobierno del presidente Iván Duque, gracias a lo cual había logrado gestiones favorables para el actual gobierno de su departamento. Es lamentable lo que ocurre con esta familia en Santander, pues hay que recordar que el padre del clan, el coronel retirado Hugo Aguilar, fue condenado años atrás por sus vínculos con el paramilitarismo y por enriquecimiento ilícito.
Con esta captura también se afectaría el partido Cambio Radical, al cual se le podría aplicar la llamada silla vacía. Así mismo, perdería el Gobierno Nacional al debilitarse sus mayorías en el Congreso. En casos como este es importante que se aplique ese castigo a los partidos, para que los jefes de las colectividades analicen de mejor manera a quienes entregan sus avales. Sin embargo, hay que anotar que la renuncia de Aguilar tendrá que ser aprobada por la plenaria del Senado para que pueda concretarse. El debate debe surtirse esta semana, y de ello dependerá en buena medida el futuro del juicio contra Aguilar.
El argumento del político detenido es que se le está acusando por hechos que habrían ocurrido cuando era gobernador de Santander y no por su ejercicio en el Congreso. Además, su defensa asegura que Aguilar es víctima de una acusación falsa de quienes se habrían lucrado, en realidad, de las coimas entregadas por los contratistas.
Este caso lleva a pensar en la urgente necesidad de cerrar el paso a que los congresistas señalados de ser responsables de delitos puedan tratar de huir de la justicia o de buscar un atajo que les permita escoger su juez. Es un vacío que tiene que ser corregido, así como ser más implacables con la norma acerca de la pérdida de la curul para el partido respectivo, cuando surjan este tipo de situaciones. La actuación de quienes representan al pueblo en el Legislativo debe ser incólume.
