En 27 de los 32 departamentos de Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anuló 915 mil 853 inscripciones de cédulas de las cerca de 3 millones 600 mil que fueron inscritas recientemente, con el objetivo de votar en las elecciones del 27 de octubre. Municipios como Villagómez (Cundinamarca), donde se vieron movimientos extraños al final del plazo para las inscripciones y donde se creció el censo electoral de manera sorpresiva, fueron puestos en la mira, al punto de terminar anuladas en alto porcentaje por la presunta intención de hacer trasteo de votos e influir en los resultados de las elecciones. La Misión de Observación Electoral (MOE) y la Procuraduría General de la Nación, hace cerca de un mes, advirtieron acerca de este riesgo en, por lo menos, 11 municipios colombianos. Hoy se confirma que el problema era mayor.
Esta posible trashumancia es, generalmente, resultado del ofrecimiento de dinero que políticos hacen a electores para que le mientan a la Registraduría acerca de un supuesto cambio de residencia o de trabajo, y asegurar respaldos a sus candidatos. Para seguir esas pistas, el CNE cruza diversas bases de datos y establecer así la verosimilitud del cambio o posibles irregularidades. Quienes consideren que se está cometiendo una injusticia y que su inscripción no es fraudulenta podrán apelar la decisión y demostrar esa realidad para poder votar. Como sea, una gran mayoría de las cédulas comprometidas solo podrán usarse para votar en donde fueron inscritas para las últimas elecciones.
También se espera que la Fiscalía actúe frente a estas anulaciones e investigue para solidificar las pruebas y lograr que el aparato de justicia dictamine sanciones por los delitos electorales cometidos. Se percibe que detrás de estos ilícitos hay mafias dedicadas a la compra de votos, que deben recibir el merecido castigo. Del total de inscripciones anuladas, a Caldas le correspondieron 24 mil 367, unas 6 mil 925 más que hace cuatro años, lo que podría evidenciar un aumento de la trashumancia, que siempre tiene la intención de desviar los resultados. El hecho de que haya municipios que pasaron de tener 900 inscritos para votar a contar con 1.400, de un momento a otro, muestra que cosas muy turbias pueden estarse cocinando allí.
Los casos más preocupantes se reportaron en Antioquia (133.784), Atlántico (125.208), Santander (91.360), Tolima (72.944), Norte de Santander (55.780) y Huila (51.964). Allí las empresas criminales electorales parecen tener mayores tentáculos y más poderosos, por lo cual se necesitan investigaciones certeras y prontas que bloqueen nuevos intentos de fraude en las elecciones. Además de la anulación de las inscripciones se requiere mano dura para quienes montan estas estrategias criminales, y quienes según la ley podrían ser juzgados de 4 a 9 años de prisión y multas de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es fundamental llegar hasta los autores del ilícito y establecer claramente su militancia e intereses, para también poderlos castigar en las urnas. Una democracia con trampas no puede ser aceptada.

También se hace necesario redoblar las estrategias de pedagogía electoral. En ese sentido es clave tener claro que el Código Penal identifica 16 delitos electorales: perturbación del certamen democrático, constreñimiento al sufragante, fraude, elección ilícita de candidatos y corrupción del sufragante, tráfico de votos, voto fraudulento, favorecimiento de voto fraudulento, mora en la entrega de documentos relacionados con una votación, alteración de resultados electorales, ocultamiento, retención y posesión ilícita de cédula y denegación de inscripción. La financiación de las campañas electorales también debe ser analizada ante el riesgo de que ingresen dineros ilegales que muevan la balanza a favor de algún candidato.