El porte y el uso de las armas de fuego es un asunto complejo y paradójico en los Estados Unidos, el país que es visto como paradigmático de las libertades democráticas, pero que también es el centro del debate por graves consecuencias del desborde de tales libertades, como la casi inexistente regulación frente a la posibilidad de ir armados todo momento.
Como si no fuera demasiado con las permanentes matanzas de ciudadanos a manos de sujetos desquiciados que abren fuego sin control en escuelas y otros lugares públicos, la Corte Suprema de ese país dictaminó la semana pasada que sus ciudadanos tienen el derecho fundamental de portar armas de fuego en público sin restricciones. Este fallo es reflejo de la decisión del expresidente Donald Trump de llevar a ese tribunal en el 2020 a la jueza Amy Coney Barrett, con lo que se consolidó la mayoría conservadora.
En un país en el que hay más armas que personas, y donde son frecuentes los tiroteos que cobran las vidas de miles de personas cada año, el sentido común indica que lo razonable es que haya mínimas restricciones y no legalizar la autodefensa como derecho, cuando en una democracia el imperio de las armas debería estar en manos de la Fuerza Pública. 
No obstante, la orientación conservadora de la Corte apunta no solo a este despropósito sino a anular otras libertades alcanzadas en décadas pasadas, como la del derecho de las mujeres al aborto, como ocurrió también la semana pasada. Se teme que en esa misma dirección vengan decisiones judiciales que irían en contravía de los avances en derechos de las minorías.
Este fallo también confirma el enorme poder que tiene en los Estados Unidos la Asociación Nacional del Rifle, que hace un intenso lobby en todas las instancias de decisión para mantener a su favor el millonario negocio de la fabricación y venta de armas.

Como contrapeso, los representantes demócratas y republicanos se unieron en la Cámara para darle el visto bueno a un proyecto de ley consensuado que establece la regulación de armas de fuego. De hecho, es el primer proyecto de ley aprobado en el Congreso en décadas sobre control de armas. Los estadounidenses afrontan el sinsabor de un choque de trenes en el que un poder público dictamina poner restricciones y otro libera totalmente su uso, situación que apunta hacia acaloradadas discusiones que esperamos terminen imponiendo la sensatez.