El pasado lunes 20 de mayo el país se despertó con la transmisión en vivo y en directo de la toma del municipio de Morales en el Cauca por parte de las disidencias de las Farc. Fue como regresar en la historia 25 años, cuando la guerrilla se tomaba los pueblos de Colombia con gran facilidad y el Estado era incapaz de contener a insurgentes y paramilitares.
El país fue testigo a partir de la década de los noventa del ascenso militar de la guerrilla y el decaimiento de la capacidad de las Fuerzas Armadas del Estado. En 1998, con el presidente Pastrana se entra en una doble dinámica: por un lado un proceso de paz con las Farc que buscaba la resolución del conflicto armado en una mesa de diálogo y por el otro en la reestructuración de las Fuerzas Militares para poder responder a la amenaza insurgente, pues era más que evidente la precariedad del control estatal en el territorio nacional. En ese tiempo las Farc y el Eln llegaban hasta los límites de las ciudades capitales; y el secuestro, la extorsión y el control de poblaciones y regiones por parte de los ilegales estaban en permanente expansión. Para ser precisos, la modernización de las Fuerzas Militares empieza a finales del gobierno Samper, con el ministro Gilberto Echeverri, continua con Pastrana, con su expresión más evidente en el Plan Colombia y es Álvaro Uribe quien le mete el acelerador a fondo con su política de Seguridad Democrática. Este proceso de cambio en la Fuerza Pública fue el que hizo posible que las guerrillas retrocedieran y finalmente las Farc se sentaran a negociar seriamente con el Estado. Un cambio operado en tres gobiernos.
El gobierno Santos hizo su gran aporte en términos militares con el acuerdo de paz con las Farc: sacar de la guerra a este enorme ejército ilegal que operó por medio siglo marca un hito en la historia de Colombia. Desafortunadamente hay un pero: el gobierno no fue capaz de acabar rápidamente con los residuos de esta guerrilla que no quisieron pactar la paz: las disidencias; y no llegó a las regiones que dejaban las Farc disueltas para imponer el orden estatal. Duque fue más que inepto en el propósito de establecer orden en el territorio nacional y combatir a las organizaciones armadas ilegales; la paradoja de un presidente venido de la derecha dura que descuida el primer valor social pregonado por esta orientación política: el orden. Y llega Petro, que introduce como política la Paz Total con los armados ilegales, con el propósito de llegar a acuerdos que permitan que la violencia cese en muchas regiones del país. Pasado un tiempo prudencial después de que empezara a moverse la política de Paz Total hemos visto que la violencia no solo persiste, sino que se ha incrementado de manera brutal. Esta violencia desplegada por los ilegales tiene una respuesta estatal muy precaria a través de las Fuerzas Militares. Esto nos tiene que llevar a la pregunta ¿Cuál es el estado actual de las FFMM de Colombia?
El descuido de Duque y la inactividad de Petro han causado un letargo en seguridad que nos está pasando cuenta de cobro. Es urgente revisar la doctrina general de las Fuerzas Militares, incluso de la Policía: establecer los principios rectores de su acción. Con una doctrina clara como base, hay que entrar a revisar los tres órdenes de acción militar: el estratégico, el operacional y el táctico, lo que se traduce en unos objetivos generales de la acción militar, los medios logísticos y en terreno para esta acción, y las operaciones contra el adversario. Esto requiere un vigoroso liderazgo político, del Presidente. La pregunta es si Petro tiene el interés para emprender este camino.
La seguridad tiene que dejar de ser vista como un asunto de la derecha, es algo inherente al Estado, a la vida en sociedad, es el primer punto del contrato social. Sobre una base sólida de seguridad y contención de la violencia se pueden construir las políticas sociales que protejan los derechos de las comunidades y promuevan su desarrollo.