Gran parte del desarrollo que ha tenido el país a lo largo de la historia ha sido producto de la fuerza, el trabajo y la dedicación de los campesinos, quienes fueron declarados sujetos de especial protección constitucional a través del acto legislativo 01 de 2023; sin embargo, contradictoriamente esta población presenta altos índices de inequidad, pobreza y abandono del Estado, situación que ha generado una marcada brecha socioeconómica entre el campo y la ciudad, que se refleja en la precariedad de los servicios de salud, educación, agua potable, saneamiento básico, y en el estado de la infraestructura vial, entre otros.
Las vías rurales son quizás la principal preocupación de los campesinos, debido a que sus malas condiciones obstaculizan el transporte de sus cosechas y el acceso a sus derechos. En Colombia existen alrededor de 142.000 kilómetros de vías terciarias identificadas, para las cuales el Gobierno del presidente Gustavo Petro creó el Instituto Nacional de Vías Regionales -Invir- mediante el Decreto 1961 de 2023. Esta institución entrará a desempeñar algunas funciones que tenía el Invías, por lo que se iniciará una etapa de transición que traerá traumatismos y demoras en los proyectos que requiere la población rural; además, se desconoce su verdadero alcance, ya que hasta el momento sólo se han creado más cargos burocráticos.
Por si fuera poco, el decreto de creación de esta entidad incluye el controversial artículo 35, que establece una excepción a su régimen de contratación, señalando que los proyectos de infraestructura vial podrán hacerse de manera directa y sin importar la cuantía con organizaciones sociales; esto ha generado un ambiente de incertidumbre en el país e incluso llevó al congresista Hernán Cadavid a instaurar una denuncia ante la Corte Constitucional, que busca evitar que el dinero de las vías de los campesinos termine siendo mal invertido o en casos de corrupción.
“Caminos para la paz” es el programa bandera del Gobierno nacional en materia de vías rurales, prometiendo una inversión de $8 billones y usando un modelo en el que las Juntas de Acción Comunal son las encargadas de la ejecución de las obras. Hasta ahora se han firmado 1.053 convenios que suman $209 mil millones, es decir, el 2,5% de lo presupuestado; pero a pesar de que el programa lleva más de un año, sólo se han finalizado exitosamente 4 de esos contratos, lo cual, habla de la ineficiencia de esta estrategia y seguramente estos millonarios recursos que deben beneficiar a los campesinos continuarán guardados en las arcas del Estado. Esperamos que las 30 Juntas de Acción Comunal de 19 municipios de Caldas que fueron seleccionadas en el programa puedan ejecutar las obras y que el Gobierno nacional les cumpla, teniendo en cuenta instituciones como el Comité de Cafeteros que históricamente han cooperado exitosamente en beneficio de las vías de los campesinos.
En Caldas, la Gobernación creó en el 2020 la empresa de economía mixta Promueve Más, encargada de administrar la maquinaria amarilla para el mantenimiento de vías rurales, peajes, prestación de servicios, asesorías, gestión de proyectos y otras actividades que buscan obtener rendimientos financieros. Sin embargo, no ha demostrado ser tan rentable y es objeto de muchos cuestionamientos debido a que se ha planteado que fue creada para evadir la Ley 80 de 1993 y poder realizar contratación de manera directa. Hasta el momento, el gobernador Henry Gutiérrez no se ha pronunciado frente al futuro de Promueve Más, no sabemos si continuará funcionando o resultará liquidada como lo hizo acertadamente el alcalde Jorge Eduardo Rojas con su homóloga en Manizales: Ideas Más.
Por su parte, en las bases del Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 se establece la construcción de 20 kilómetros de placas huella; esta meta es poco ambiciosa para el problema de los campesinos caldenses, y más con los efectos adversos de los fenómenos de variabilidad climática en los que se tendrán en el futuro lluvias mucho más fuertes y prolongadas que afectarán las vías y generarán más puntos críticos, por esto, la priorización de los tramos que se deben intervenir deberá obedecer a las necesidades apremiantes que presentan las localidades. Más allá del modelo administrativo que se utilice, esperamos que los recursos de las vías rurales sean invertidos de manera eficiente y transparente, es un llamado urgente a todas las entidades responsables para que los campesinos tengan las condiciones de vida que se merecen.