Como la mayoría de personas del país, mi sueño de adulto fue tener una vivienda propia; ese mismo fue -en su momento- el de mis padres, mis tíos, familiares y amigos. ¡Tener una casa, que cortas palabras para describir su significado! Con los años, el conocimiento de la realidad social y económica de la vida contemporánea, también se convirtió en un propósito de vida como ciudadano, arquitecto y gobernador. Un embeleco de sueño, dirán algunos; una motivación y una esperanza de aportar a la dignidad de la gente, lo llamo yo. Una casa es un espacio personal para vivir la cotidianidad y gozar de lo familiar, lo cercano y lo propio, argumento en el que se fundamentó mi Plan de Gobierno y con el que hemos logrado cumplir los sueños y anhelos de ciudadanos y familias en los 27 municipios.
Me alegra y tranquiliza que en nuestra Constitución la vivienda digna sea un derecho; que la ley establezca que los programas y proyectos de vivienda son una política pública. Es un alivio, por supuesto, ante los agravios de aquellos que nunca han visto el plan de vivienda como lo que es, una gran ‘revolución’ que le apuesta a la disminución de las brechas de pobreza y desigualdad. Las críticas van y vienen; hablan de cifras frías sin detenerse a pensar que una casa no es solo cuestión de bloques y cemento, que para quienes la han esperado con paciencia, o la han construido con su propio esfuerzo, significa una nueva vida.
Para evaluar los resultados de la ejecución de la ‘Revolución de la Vivienda’ hay que tener en cuenta múltiples factores que estuvieron lejos de nuestros alcances. Uno es la pandemia del covid-19; por un año la prioridad fue superar la emergencia sanitaria, además de tratar de remar en medio del alza en el precio del hierro y de otros insumos que incrementaron los costos de la construcción.
De otro lado están el aumento en las tasas de interés, los cambios en los subsidios y créditos del sector y modificaciones al sistema de aseguramiento. Y cómo dejar de lado unos componentes que en esta región han marcado toda la diferencia: la topografía y el clima.
No obstante, esta Administración es la que históricamente ha construido el mayor número de casas de la historia reciente del departamento; vamos a dejar 1.232 viviendas edificadas. A hoy ya están en mano de sus propietarios 346 rurales, 173 por bloqueras comunitarias, 141 adecuadas y finalizadas entre 2020 y 2021. Además, hemos realizado 1.296 mejoramientos, 182 titulaciones, 62 protocolizaciones de apartamentos; cifras que suman 2.200 familias caldenses que han transformado su calidad de vida.
Con el desarrollo de la ‘Revolución de la Vivienda’ también hemos sumado a la reactivación económica, a la generación de empleo y a la dinamización de las economías locales. Con métodos de autoconstrucción como las Bloqueras Comunitarias y las Bicibloqueras hemos logrado que el departamento se destaque por su enfoque innovador en proyectos del sector; tanto que el Ministerio de Vivienda estudia la posibilidad de implementarlos en el país. Nuestra apuesta también ha sido reconocida por dirigentes de Kenia, Ecuador, Polonia e Israel. Somos el único departamento con un modelo de gestión colaborativa de entidades sin ánimo de lucro denominado ‘Construyendo Sueños’, el cual reúne a 461 voluntarios y a 14 organizaciones.
Para evaluar el impacto de los programas de viviendas en Caldas empleamos la Metodología del Retorno Social de la Inversión (SROI). Este es un modelo internacionalmente reconocido que determina cuánto valor social se genera por cada unidad monetaria invertida en viviendas asequibles. El estudio reveló que por cada peso invertido en la construcción de unidades habitacionales para familias vulnerables y de escasos recursos se crearán $3,05 de valor social y financiero para los ciudadanos y las comunidades en un horizonte de 10 años. Los retornos de más corto plazo corresponden a los puestos de trabajo generados, calculados en el estudio en $152.301 millones.
A mediano y largo plazo la ‘Revolución de la Vivienda’ será capaz de generar retornos a la inversión por $377.607 millones, correspondientes a aquellos beneficios que van más allá de lo económico, entre los que se encuentran la reducción en gastos en salud, el mejoramiento del bienestar por acceso a servicios públicos de calidad, el aumento del ingreso disponible del hogar y el mejoramiento del bienestar por tener acceso a una vivienda digna. También la reducción de la pobreza monetaria y la inseguridad alimentaria. El estudio concluyó que, desde los aportes económicos y sociales, el plan de vivienda del Gobierno de Caldas es justificable desde todo punto de vista.
Solo me resta agradecer el apoyo, compromiso y empeño de los ciudadanos, de los mandatarios municipales, de las asociaciones comunitarias, de los voluntarios, de los equipos de trabajo de la Gobernación de Caldas y del Gobierno nacional. A la nueva Administración la invito a dar continuidad al proyecto de Vivienda Rural y gestionar 1.180 subsidios del programa Mi Casa Ya. Así mismo, es importante consolidar el trabajo con las Organizaciones Populares de Vivienda y el de autoconstrucción, alineándolos con las nuevas políticas del Gobierno. Con humildad, pero seguro del empeño puesto en este sueño, me queda la satisfacción del deber cumplido y de haber aportado a hacer realidad el anhelo más genuino de miles de familias caldenses: ser propietarias de vivienda y dignidad.