Recientemente el portal la Silla Vacía publicó un artículo del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla quien, con su estilo técnico, algunos dirían desconectado, puso en el debate público el “Acuerdo Social” colombiano, es decir el consenso logrado por la sociedad y el Estado, materializado en la Constitución de 1991. Argumenta Carrasquilla que dicho “acuerdo” fue prematuro para el nivel de “desarrollo económico” y la estructura tributaria del país. Al margen de lo que individualmente pueda opinarse sobre la figura de Alberto Carrasquilla, es innegable que sus planteamientos parten del rigor técnico y que, por ende, ameritan ser evaluados con seriedad.
Y el tema cae como anillo al dedo, a propósito del reciente anuncio del actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de tramitar una nueva reforma tributaria, apoyado en el argumento, precisamente, de que los impuestos hoy recaudados no le alcanzan para atender el nivel de gasto público colombiano, lo que confirma la tesis de Carrasquilla según la cual las intenciones en materia de gasto público no guardan coherencia con el nivel de ingresos del país ni con la arquitectura del sistema tributario.
La Constitución del 91 consagró un arreglo institucional que, en la ciencia política, se cataloga como un Estado Social de Derecho, muy similar al concepto del Estado de Bienestar, en donde el grueso del gasto público está focalizado en garantizar los denominados derechos activos de sus ciudadanos: educación, salud, vivienda digna, medio ambiente, entre otros. Esta visión del Estado se inspiró, en buena medida, en la experiencia de los países europeos de los años 70. ¡Pero ojo! cuando todos esos países “desarrollados” tomaron la decisión de dar el salto al ‘Estado de Bienestar’ tenían un ingreso medio por habitante cercano a los 18 mil dólares. En contraste, Colombia, a finales de la década del 90, cuando dio ese “gran salto” en materia de gasto social, su ingreso per cápita apenas superaba los 8 mil dólares. ¡Menos de la mitad!
En otras palabras, podría decirse que la Constitución del 91 trazó metas muy ambiciosas, pero con recursos muy limitados para lograrlas. No obstante, aún con recursos limitados, han sido notables los avances alcanzados en las últimas décadas en materia de cobertura en salud, educación básica primaria y secundaria y acceso a servicios públicos como electricidad, gas, agua potable y alcantarillado. Por supuesto que aún quedan importantes retos por resolver en materia de calidad en estos y muchos frentes más. Pero lo cierto es que se está “haciendo la tarea”.
Ahora bien, si el Gobierno quiere alinear las expectativas de gasto social con el recaudo tributario, debería empezar por establecer una política clara para reactivar la economía a partir del fortalecimiento del sector productivo y empresarial, la inversión pública, promoción de obras de infraestructura, incentivos a nuevos proyectos de inversión, generación de nuevos empleos y fortalecimiento de los ingresos para empresas y hogares; para que todo ello converja en un círculo virtuoso que se traduzca en mayor recaudo tributario.
Por supuesto que hay que pensar en un sistema tributario más justo y progresivo que combata la informalidad, la evasión y la elusión, porque la estructura de tributación en Colombia dista mucho de las economías “desarrolladas” que optaron por el modelo del Estado de Bienestar. A diferencia de esos países, en donde el 70% de los impuestos directos se recaudan de las personas naturales, en Colombia son las empresas las que aportan este porcentaje. Pero sin lo primero, reactivación económica, resulta impensable proponer una nueva reforma tributaria. Al fin y al cabo es desde la fluida y progresiva actividad económica de la que arranca un recaudo tributario eficiente y creciente. Por eso, ¡primero lo primero!