Comienzo por contarles a los amables lectores que desde el año 1973 existe en Estados Unidos, sede Washington, la “Fundación Heritage” dedicada, según sus propios estatutos, a “promover la difusión de los principios de libertad individual, libre empresa, defensa nacional y valores estadounidenses tradicionales”. Y valga mencionar que dicha Fundación ha sido muy influyente en la política estadounidense, en particular con la política exterior asociada a los principios conservadores que encarnaban Ronald Reagan y George H. W. Bush, es decir del “ADN” del partido republicano. Realmente es una institución que ha gozado de mucha credibilidad en las instancias gubernamentales de Estados Unidos.
Esta Fundación y el prestigioso diario de la ciudad de Nueva York, The Wall Street Journal, se unieron desde 1995 para promover y publicar, cada año, el Índice de Libertad Económica, el cual  se ha constituido en un instrumento de análisis muy útil para comprender el desarrollo de la mayoría de países del planeta. Es un estudio que no debería faltar en ninguna Universidad con facultad de Economía. Y al menos, por simple cultura general, los estudiantes de economía, y todos los economistas, deberían leerlo. Es muy fácil ingresar a la web de la Fundación y descargarlo.
El índice de Libertad Económica se basa en 12 factores, agrupados en cuatro categorías amplias, o pilares, de la libertad económica: (i) Estado de Derecho (derechos de propiedad, integridad gubernamental, efectividad judicial); (ii) Tamaño del Gobierno (gasto gubernamental, carga tributaria, salud fiscal); (iii) Eficiencia Regulatoria (libertad empresarial, libertad laboral, libertad monetaria); y (iv) Mercados Abiertos (libertad de comercio, libertad de inversión, libertad financiera). 
Pues bien, no les contaría todo este ‘rollo’ si no fuera porque el mes pasado la Fundación publicó los resultados del Índice de Libertad Económica 2023. La noticia en Colombia pasó algo desapercibida entre el estruendoso e incesante ruido de nuestra actualidad nacional, pero sus resultados son de una trascendencia no menor: Colombia perdió 22 puestos entre los años 2022 y 2023, al pasar del puesto 62 al 84, entre los 184 países analizados. Con una calificación de 59 sobre 100, el país pasó de ser considerado con “libertad [económica] moderada” a denominarse como “mayormente no libre”. Y dos datos al margen para que los amables lectores juzguen: i) desde 1995, año en el cual se creó el índice, Singapur (a excepción del 2017 que fue segundo) ha ocupado siempre la primera posición en el ranking; y ii) Cuba, Venezuela y Corea del Norte, regularmente han ocupado los últimos lugares en el Índice de Libertad Económica en los últimos años. ¿Coincidencia? 
El hecho es que esta medición, evidentemente hecha con juicio y rigurosidad, deja a Colombia muy mal parada, puesto que refleja el deterioro de confianza en las instituciones, los problemas con las reglas de juego para hacer negocios y el exceso de regulaciones y trámites para hacer empresa, todo ello en medio de la excesiva burocracia que ha crecido enormemente en los últimos años. 
Afortunadamente, en contraste con todo lo anterior, mientras el país se deteriora en términos de competitividad económica en el plano internacional, en el ámbito nacional nuestra región cafetera viene a más. En efecto, el Índice de Competitividad de Ciudades, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad, señala que Manizales (#6), Pereira (#8) y Armenia (#10) se ubican en posiciones de privilegio entre las 32 ciudades capitales del país, evidenciando su robustez en materia de instituciones, infraestructura, adopción de las TIC, educación, entorno para los negocios, mercado laboral e innovación, entre otros factores. Dios nos guarde de perder nuestra libertad económica y ojalá el gobierno nacional encuentre inspiración en el buen ejemplo del eje cafetero.