Resulta lamentable, cuando menos, la intervención administrativa a la EPS Sánitas. Siendo la segunda más grande de Colombia por número de afiliados, se convierte en un golpe certero a la salud del país. Varias son las razones que han conducido a esta debacle. En primer lugar, las reservas financieras. La medida administrativa se motivó aduciendo que la EPS incumplía sus indicadores financieros. Aunque este argumento resulta parcialmente cierto, se debe resaltar que Sánitas no es la única EPS en tal condición. De hecho, según la Contraloría General de la República, a la fecha 24 de las 29 EPS incumplen sus indicadores financieros. Según el mismo reporte las únicas EPS que cumplen son Salud Total, Sura, Comfachocó, Capresoca y EPM Salud. En otras palabras, el Gobierno interviene la EPS privada más grande del país aduciendo una falencia que está presente en la mayor parte del sector liderado por la Nueva EPS de propiedad del Gobierno.
En segundo lugar, los efectos de la pandemia. Durante el confinamiento estricto que se vivió en todo el orbe con ocasión de la pandemia de covid 19, se acumularon consistentemente los procedimientos para ser practicados en los pacientes. Una vez superada la cuarentena, éstos acudieron en masa a realizar aquellos procedimientos que no habían atendido por la caótica situación vivida. Sánitas y las demás EPS debieron asumir estos trámites con costos operativos más elevados en razón a la escalada en el precio del dólar y una inflación alcista. Es decir, que en términos prácticos los gastos en los tratamientos tuvieron que ser sorteados en un porcentaje mucho mayor.
La Unidad de Pago por Capitación. La UPC es un valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia. Este valor se utiliza para cubrir las prestaciones del Plan de Beneficios en Salud en los regímenes contributivo y subsidiado. Para el presente año el Gobierno nacional fijó el incremento de la UPC en 12,01% soportada en la inflación (9,73%) más un 2,28% de inclusiones para la actualización de servicios y tecnologías. Sin embargo, este monto resulta inferior al sobrecosto que han debido asumir las EPS en relación con la inflación creciente y la devaluación del peso. Esta aseveración fue condensada en una misiva enviada por los presidentes de las 3 EPS más importantes del país en la que expresaban: “El valor de la UPC es insuficiente para atender el Plan de Beneficios en Salud. Los recursos asignados en el presupuesto general de la Nación no alcanzan a cubrir las necesidades generales del sistema. Se estima que el valor de la UPC en 2022 fue insuficiente en un 8%, respecto al incremento del valor de los servicios cubiertos por el PBS. El ajuste de la UPC en 2023 no corrigió ese problema, para hacerlo ha debido tener un ajuste adicional del 5,7%”.
La inestabilidad del sector. El trámite de la reforma a la salud que se adelanta en el Congreso, cuya suerte se encuentra en entredicho al momento de escribir estas líneas, ha generado un clima de máxima tensión en el sector salud, que ha frenado las capitalizaciones y flujo de recursos que necesitan estos proyectos para superar las crisis. Y no es para menos. Ningún empresario en sus cinco sentidos se apuntaría a realizar inversiones millonarias en un sector que resulta constantemente cuestionado desde el ejecutivo y cuya suerte, a la fecha, es incierta. En conclusión, la intervención de Sánitas es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sector de la salud en Colombia. La combinación de factores financieros, el impacto de la pandemia, la insuficiencia de la UPC y la incertidumbre en torno a la reforma de la salud han creado un ambiente de tensión y preocupación. Si el Congreso de la República archiva el proyecto de reforma a la salud, el Gobierno tendrá la posibilidad de intervenir las EPS que hoy no cumplen con los indicadores financieros. Con la esperanza de equivocarme: se avecina la debacle.