El sindicalismo fue creado para defender los derechos de los trabajadores colombianos, explotados por el capitalismo salvaje, por falta de una legislación que impusiera orden a las relaciones obrero-patronales. El recurso legal, innovador y polémico para la época, cuando apenas salía el país de la modorra conservadora, tuvo efectos favorables que en nada perjudicaron la productividad de una incipiente economía transformadora, manufacturera, constructora, agroindustrial, hotelera, financiera y comercial, entre otros frentes productivos. La idea fue de la Revolución en Marcha, promovida por el primer Gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), e incorporada en la reforma constitucional de 1936.
Una de las conquistas de los trabajadores fue el ordenamiento de la jornada laboral con el 8-8-8: ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de reposo, que respondían a una necesidad biológica y humana de los subordinados. Con el tiempo, y la influencia de los sindicatos, el régimen laboral se ha refinado, para que los trabajadores tengan beneficios, más allá de los salarios, en asuntos tan sensibles como salud, educación, recreación, vivienda, pensión y otros. Grandes organizaciones empresariales han tomado iniciativas que garanticen el sentido de pertenencia de sus servidores, lo que beneficia a estos en su estabilidad laboral y en su bienestar personal y a las empresas en eficiencia operativa y, por supuesto, en resultados comerciales y financieros.
Nuevos servicios, como la salud, que se incluye en la contratación laboral, con imperfecciones que pueden corregirse, ha resuelto un problema social, por lo que la idea de monopolizarlo el Estado, eliminando la participación privada, es una bestialidad. Igual sucede con el sistema pensional, desequilibrado por el otorgamiento de beneficios extravagantes a la burocracia privilegiada y por la falta de una legislación severa, que castigue a los depredadores del patrimonio público con el retiro de las pensiones. Mejor favorecer a millones de ancianos que carecen de un mínimo ingreso, lo que es apenas un acto de justicia humanitaria. Esos errores deben corregirse. Pero poner las reservas pensionales a órdenes del Gobierno, para que haga populismo con ellas, sería la ruina de un sistema que, aunque imperfecto, está funcionando.
El sindicalismo ha prestado servicios muy eficientes al sector productivo, a la administración pública y a la economía colombiana en general, en beneficio de trabajadores y patronos, pero en algunos casos se ha desviado de sus objetivos, cuando los dirigentes, politizados o corruptos, han puesto a sus afiliados al servicio de causas protervas. Sucedió hace un tiempo, por fortuna superado, con la Unión Sindical Obrera, aliada del Ejército de Liberación Nacional, cuyo presidente era miembro activo de esa guerrilla. El fenómeno actual es que algunos dirigentes sindicales han puesto los recursos humanos y económicos que representan al servicio del Gobierno, como organizadores de marchas de apoyo, traicionando a sus afiliados y desviándose de los objetivos institucionales.